No debemos socializar la deuda

La persona que supuestamente guardaba la ortodoxia de las políticas europeas dentro del Ejecutivo de PSOE-Podemos, la vicepresidenta económica Nadia Calviño, se desmarcó este lunes con un discurso cercano a la tesis de Pedro Sánchez, y también de Pablo Iglesias, en favor de una absoluta socialización de los costes de la crisis dentro de la Unión Europea. Así, en una entrevista concedida a la agencia Bloomberg, Calviño ha señalado que «nosotros defendemos que debe existir un fondo europeo de reconstrucción que debería financiarse conjuntamente. No pensamos que el resultado de esta crisis deba ser que unos países acaben estando más endeudados que otros». El razonamiento parece impecable: si el covid-19 es un fenómeno que nos afecta a todos, será lógico que respondamos todos unidos y que compartamos entre todos los costes de esa respuesta; nadie tiene la culpa de haberse infectado por el virus y, por tanto, ningún país debería cargar en solitario con las responsabilidades financieras de protegerse frente a él. Este argumento, empero, falla en dos aspectos fundamentales. El primero es que no todos los países se han visto igual de afectados por la crisis debido a que no todos los gobiernos respondieron del mismo modo ante la amenaza. Algunos reaccionaron tempranamente (reduciendo el tensionamiento de su sistema sanitario) y otros aplicaron medidas de distanciamiento social más inteligentes (combatiendo el virus manteniendo una cierta actividad económica), todo lo cual repercutió diferencialmente sobre el hundimiento que experimentó cada economía. No se trata, claro, de que éste haya sido el único factor que explique la dispar caída del PIB en las distintas sociedades europeas, pero desde luego es uno de los factores que ha contribuido a ello). El segundo, y a mi juicio más importante, es que la intensidad de la recuperación de cada uno de esos países también dependerá del tipo de políticas económicas que se apliquen. Los Estados que apuesten por subidas de impuestos y por fuertes estrangulamientos regulatorios de su actividad empresarial provocarán que sus economías se recuperen mucho más lentamente que aquéllos que apuesten por tributaciones moderadas y regulaciones flexibles. ¿Por qué deberían, pues, los Estados con buenas políticas económicas subsidiar la mala praxis de otros Estados? Claramente no deben hacerlo, de ahí que el Norte de Europa se haya plantado ante el Sur con una propuesta muy clara que desde el Sur estamos tratando de burlar: «Si queréis recibir financiación para sufragar vuestra reconstrucción, esa financiación llevará aparejada fuertes condiciones de ajuste presupuestario y de reformas macroeconómicas; si no queréis asumir tales condiciones, entonces no podremos extenderos tal financiación». Nuestros gobernantes deberían dejar de enredar en las instituciones europeas para conseguir que el Norte costee sus malas políticas económicas. Al contrario, deberían ser los primeros interesados en aplicar el recetario aperturista que necesitamos. Solidaridad no debería significar un subsidio permanente a las malas ideas políticas.