Illa miente en su prevención del Covid-19

A lo largo de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, la estrategia de Pedro Sánchez se ha basado en que la pandemia ha sobrepasado a todo el mundo, que nadie podía prever sus letal capacidad de contagio y, por lo tanto, de mortandad. Es decir, que el Gobierno no es responsable de nada de lo que está sucediendo, ni del diagnóstico epidemiológico, ni del fiasco continuado en adquisición de material sanitario, ni, por supuesto, del número de muertos. Sin embargo, Sánchez ha sido incapaz de explicar por qué España es el segundo país –después de Bélgica– en número de muertos por habitantes, si es cierto que el Covid-19 ha golpeado a todos por igual. En las comparecencias televisivas del presidente del Gobierno y de sus ministros se ha ocultado que los casi 28.000 muertos se produjeron una vez comprendieron que la epidemia se había desatado sin control, perdiendo un tiempo crucial: basta recordar que el estado de Alarma se decretó cuando se habían producido 7.340 fallecidos (Alemania tiene ahora 8.366). Pero por más estrategia de comunicación que diseñen los especialistas, siempre basada en imponer un «relato» –sea verdad o mentira–, los hechos se imponen con su tozuda contundencia.

No es cierto que el Gobierno fuese asaltado por una epidemia sin tener conocimiento de ella, porque encima de la mesa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, tenía un informe titulado «Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (2019-nCoV)», al que no le dio mucha importancia. Illa tomó posesión del cargo el 13 de enero y once días más tarde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), que dirige el doctor Fernando Simón, publicó dicho documento, en el que se alertaba de las medias que debían tomarse, en necesidades de material médico y de protección de personal sanitario: en la actualidad hay 51.090 contagiados en el sector. España es el país con más trabajadores de la Sanidad infectados –el 20% del total–, mientras que en Italia es el 10% y en EEUU el 3%. Estamos hablando de que el 24 de enero el ministro de Sanidad disponía de un informe redactado por el centro encargado de las alertas sanitarias, aunque se tardaron dos meses, hasta el 28 de marzo, para que el Gobierno decretara el confinamiento de la población y seis días más tarde el estado de Alarma. En estos dos meses, se hizo caso omiso a las recomendaciones del informe, se celebraron actos multitudinarios patrocinados por el Ejecutivo, como la manifestación del 8-M, y no se tomó ninguna media, excepto vagas recomendaciones y elucubraciones sobre si se trataba de una gripe estacionaria. Tal era la evidencia del informe firmado Simón, que el 30 de marzo fue borrado de la web del Ministerio de Sanidad. No se trata de un informe impreciso, sino con medidas concretas para paliar el avance del coronavirus: seguimiento de personas con síntomas de infecciones respiratorias o con una sintomatología concreta, mantener bajo control cualquier persona que hubiese viajado a Wuhan en los 14 días previos al inicio de los síntomas, incluso la notificación de manera urgente los casos investigados. Illa no supo valorar esta información porque él llegó al Ministerio de Sanidad como cuota de los socialistas catalanes para participar en la mesa de negociación con la Generalitat para dar una salida política al «conflicto».

Sánchez no tiene más objetivo que impedir que esta crisis manche su mandato en La Moncloa y esa ha sido su máxima preocupación en sus monocordes apariciones televisivas. Contrarrestar la mentira es difícil cuanto ésta actúa con normalidad y se administra con acendrado cinismo, pero en una democracia, si no queremos que también se pervierta, los responsables públicos deben dar cuenta de sus actos. Es, por lo tanto, el momento de que Salvador Illa comparezca en el Congreso y explique por qué no se tuvo en cuenta las recomendaciones de un informe de su propio Ministerio.