No habrá dinero gratis de Europa

Si la propuesta de la Comisión Europea saliera adelante, España recibiría durante los próximos dos años ayudas comunitarias por importe de 140.446 millones de euros. No es un caudal menor (equivaldrá a cerca del 14% de nuestro PIB), pero tampoco convendría echar las campanas al vuelo. En esencia, por cuatro razones. Primero, el déficit público de nuestro país entre 2020 y 2021 superará los 200.000 millones de euros: es decir, con la ayuda europea ni siquiera llegaremos a cubrir la totalidad de las necesidades extraordinarias de financiación que van a emerger durante los próximos trimestres (no digamos ya el agujero presupuestario que a buen seguro continuaremos experimentando a partir de 2022). Segundo, solo aproximadamente la mitad de esos 140.446 millones de euros –en concreto, 77.328 millones– vendrán en forma de transferencias unilaterales, de manera que los otros 63.122 millones de euros se entregarán en forma de préstamos que deberán ser reembolsados en el futuro (solo es, por consiguiente, una forma abaratada de colocar deuda en los mercados). Tercero, porque la porción de 77.238 millones de euros que sí se nos proveerá en forma de transferencias, estará sometida a una estricta condicionalidad de reformas estructurales. Más en concreto, los países que soliciten la ayuda deberán someterse a las recomendaciones que efectúe la Comisión acerca de las prioridades económicas europeas, tales como la transición ecológica o la transición digital. Pero, además, esa condicionalidad macroeconómica también abarcará muy probablemente reformas legislativas que PSOE y Podemos se niegan de plano a aprobar: por ejemplo, una flexibilización adicional de la legislación laboral (de derogar la reforma laboral de 2012, que es lo que pretenden PSOE, Podemos y Bildu, ya ni hablemos). Y cuarto, no olvidemos que este plan no deja de ser una propuesta de la Comisión Europea que debe ser aprobada unánimemente por todos los socios: bastaría con que uno de ellos la vetara, hay varios que se oponen, para que no saliera adelante o para que se aprobara en un formato bastante menos conveniente que el actual para los intereses de Sánchez e Iglesias. Por consiguiente, bien haría el Gobierno en no caer en una peligrosa complacencia: no habrá ayuda «gratis total». Y, desde luego, no la habrá para el largo plazo: puede que nuestros socios europeos muestren una cierta solidaridad con nosotros en unos momentos tan duros como los actuales, pero desde luego ninguno de ellos tolerará que nos volvamos dependientes a largo plazo de su generosidad. El camino de la sostenibilidad financiera y económica es solo uno: políticas de austeridad (especialmente desde el lado del gasto) y reformas estructurales que nos permitan volver a crecer. Todo lo demás será sólo dilapidar el crédito que nos proporcione Europa: y justamente porque Europa es bien consciente de ello, resulta bastante dudoso que vayan a tolerar que despilfarremos incondicionalmente el dinero de sus contribuyentes.