Aciertos y riesgos del IMV

El Gobierno PSOE-Podemos ha aprobado finalmente una de sus propuestas estrella para la presente legislatura: el Ingreso Mínimo Vital. Ésta, como casi cualquier política pública, puede convertirse en un arma de doble filo: ora puede reforzar incentivos perversos que consoliden la pobreza en nuestro país, ora convertirse en un trampolín que facilite a algunos ciudadanos escapar de ella. De ahí que resulte crucial diseñarla de un modo adecuado y siguiendo unas directrices fundamentales. En concreto, ha de ser un beneficio social condicionado y subsidiario al resto de formas de percepción de rentas. O dicho de otra manera, el receptor ha de cargar con la responsabilidad de salir de su situación de dependencia buscando activamente otras fuentes de iangresos –por ejemplo, un empleo– y, a su vez, el Gobierno ha de facilitar, y no obstaculizar, que los ciudadanos puedan salir adelante por sí mismos dentro de una economía que ofrece amplias y muy variadas oportunidades para el desarrollo personal. ¿Cumple el Ingreso Mínimo Vital que ha impulsado el Ejecutivo semejantes requisitos? En parte. Por un lado, es verdad que el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno será de una cuantía lo suficientemente reducida (460 euros mensuales) como para que tenga pocos incentivos a la hora de desincentivar la búsqueda de empleo; a su vez, el perceptor de esta transferencia social deberá inscribirse como demandante de empleo y, en su caso, participar en cursos de reciclaje formativo que aumenten su empleabilidad. Por otro, sin embargo, el Ejecutivo no está haciendo absolutamente nada para facilitar y acelerar la creación de empleo en nuestro país –al contrario, surgen voces dentro del Ejecutivo que abogan por la derogación íntegra de la reforma laboral, algo que sólo constreñiría la creación de puestos de trabajo dentro de nuestra economía–. A su vez, el Gobierno también parece decidido a financiar el Ingreso Mínimo Vital no mediante recortes de otras partidas de gasto, sino a través de subidas impositivas, lo que sólo lastraría la capacidad de crecimiento de nuestra economía y, por tanto, minoraría las oportunidades de empleabilidad de los ciudadanos.

Así pues, aunque el diseño técnico de la medida es muy acertado, la política económica que la rodea no lo es: y si no lo es, lo que podría ser una razonable red de seguridad de última instancia para todos aquellos que en otras circunstancias quedarían desamparados, acaso termine convirtiéndose en una red estatal que busque la clientelización de aquellos ciudadanos que son incapaces de prosperar en un mercado asfixiado por la hiperregulación estatal. No se me malinterprete: el Ingreso Mínimo Vital es una política perfectamente defendible que, además, ha sido diseñado con acierto técnico por el ministro Escrivá. El problema es todo lo demás que tiene a su alrededor: una política económica cada vez más podemizada.