Calviño contra Garzón

Es de sobra conocido que dentro del actual Gobierno PSOE-Podemos conviven dos almas claramente diferenciadas en materia económica: por un lado, la representada por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño; por otro, la capitaneada por Pablo Iglesias y el resto de la bancada de Podemos. La sensatez socialdemócrata versus el populismo de extrema izquierda. Los choques han sido continuados en multitud de frentes (reforma laboral, subidas de impuestos, control de alquileres, etc.) y se han resuelto de manera desigual. En ocasiones ha ganado Calviño (como ha sucedido, al menos hasta el momento, con la reforma laboral), pero en otras se ha alzado vencedor Iglesias (como con la suspensión de los desahucios por alquiler). En estos momentos, la última batalla dentro del Ejecutivo parece que se está librando en la arena de las nacionalizaciones (un debate claramente espoleado por el cierre de Nissan y de Alcoa). Por un lado, uno de los correligionarios de Iglesias, el ministro de Consumo Alberto Garzón, ha defendido con entusiasmo el instrumento de las nacionalizaciones: «En términos abstractos, es una herramienta disponible no solo por la Constitución, sino, como estamos viendo, en el ámbito europeo, donde muchos países están interviniendo en el capital de muchas empresas, entre ellas, algunas aerolíneas». Y, por otro, Nadia Calviño ha rechazado que los Estados inyecten abundante capital dentro de las empresas para así «evitar que haya países que, por su mayor capacidad financiera, puedan inyectar un volumen de recursos importante en empresas que están compitiendo con otras que puedan no tener el mismo nivel de ayuda financiera».

Como es obvio, pues, nos encontramos ante un nuevo enfrentamiento soterrado dentro del Ejecutivo. Uno estrechamente vinculado con cuál es la mejor alternativa a seguir frente a la descomposición económica que hemos vivido durante los últimos meses: ora que el Estado entre al rescate de las empresas en problemas, convirtiéndose en accionista de referencia, ora permitir que la economía se reestructure sin otorgar ventajas artificiales a aquellas compañías que los políticos deciden rescatar arbitrariamente. Lo primero –las nacionalizaciones– sólo constituye un despilfarro de recursos para mantener a flote modelos de negocio fallidos; lo segundo

–rechazar toda ayuda pública que adultere la reestructuración del sector empresarial– no sólo economiza el dinero de los contribuyentes, sino que además nos permite avanzar hacia una economía más sana y competitiva. Por desgracia, por ruinosa e ineficiente que resulte la nacionalización de empresas, también proporciona un fuerte control de los políticos sobre la economía. Y por eso desde Unidas Podemos la defienden con fruición. Porque su objetivo no es generar bienestar para el conjunto de los ciudadanos, sino ir acaparando poco a poco el control sobre el conjunto de la economía. Espero que esta batalla la gane Calviño.