Cobrar por no trabajar

Al parecer, en estos meses de alarma, los diputados del Congreso se han embolsado unos dos millones de euros por dietas de asistencia. La cifra corresponde a la suma de los emolumentos de casi todos ellos, pues hay que salvar el caso de Odón Elorza, que renunció a cobrarlos. Sorprende esta honradez del diputado vasco cuando sus colegas han prescindido de la anómala circunstancia de que el Congreso suspendió los trámites parlamentarios el 10 de marzo y no los reanudó hasta mediados de abril. Vamos, que se cerró a cal y canto, salvo para convalidar los decretos-ley del Gobierno. Y luego se reanudaron las comisiones y plenos con una presencia mínima del diez por ciento de sus señorías. Así que, para la mayoría de los diputados, de asistencia nada de nada. Han cobrado las dietas por el morro, aunque ahora digan que, con ellas, van a hacer donaciones a ONGs y cosas por el estilo. En realidad lo suyo ha sido una suspensión temporal de empleo, de manera que si hubiese habido un tratamiento parejo al del resto de las «personas trabajadoras» –utilizo la jerga que han plasmado en el BOE Sánchez y sus colegas– estarían cobrando el setenta por ciento de la base reguladora con un máximo de 1.411,83 euros si tuvieran dos o más hijos. Pero ya se sabe que, en España, siempre hay quien es más igual que los otros; y si no, que se lo digan a vascos y navarros que, desde Lope de Aguirre, siempre han creído que «el que no vale más que los demás, no vale nada».

Pero no nos desviemos de lo esencial, porque esos dos millones son peccata minuta frente al descontrol político del Gobierno en tiempo de coronavirus, pues para eso ha servido el cierre del Congreso. Por cierto que esto se lo debemos a Vox y a sus contagios del 8-M, porque sus 52 diputados decidieron ausentarse de la Cámara y exigieron «la suspensión de las sesiones» hasta que la epidemia estuviera dominada. Ya se ve que ni los de este partido ni la presidenta Meritxell Batet se han debido leer ese párrafo de la Constitución que obliga a que el funcionamiento del Congreso no pueda interrumpirse durante los estados de alarma, excepción y sitio, precisamente para que puedan escrutarse las acciones del Gobierno. O como dice el Tribunal Constitucional con más solemnidad, para que ejerza «un control político o de oportunidad sobre la declaración del estado excepcional y las medidas adoptadas al respecto, así como, subsiguientemente, la puesta en marcha, en su caso, de los pertinentes instrumentos de exigencia de responsabilidad política». Ahí queda eso.