Un poco de seriedad

En una entrevista radiofónica la Vicepresidente Calvo dijo que discrepaba de la «interpretación» de la juez de Lérida que no había autorizado unas medidas administrativas adoptadas por la Generalidad en relación a la crisis sanitaria por el Covid, y para ello, utilizó un argumento de tanta autoridad como que se han «visto pronunciamientos diferentes» en situaciones similares, y no se quedó ahí, a renglón seguido espetó que «yo se lo dije al vicepresidente Aragonés. Ese auto habría que recurrirlo y habría una línea de trabajo bastante buena, puesto que la Generalitat tiene competencias para determinar decisiones de movilidad que no requiere la alarma». Todo un dislate, un Gobierno de la nación obligado y sometido por el ordenamiento jurídico expresando tales consideraciones jurídicas ante una decisión judicial cargada de tanta sensatez como de acierto jurídico. Dice la juez que lo que proponía la Generalidad excedía ampliamente de una simple limitación de movimientos e incidía gravemente en el ejercicio de derechos fundamentales tales como la libertad individual, la libre circulación y reunión, los cuales se pretende limitar de una forma general. Poca argumentación requiere el acierto de la resolución judicial, lo que resulta grave es que desde el Gobierno de la Nación no se persigan los desvaríos legales y los ataques a la Constitución cometidos por el gobierno catalán, y que tan solo obtengan como repuesta la puesta en cuestión de la resolución judicial. Cuando de limitación de derechos fundamentales se trata no sólo se debe acudir a su estudio en términos de competencias y su reparto entre el Estado y las CCAA, sino de la observancia de los requisitos y presupuestos necesarios para justificar constitucionalmente su condicionamiento, limitación o suspensión, algo muy serio y sagrado en una democracia. Estamos ante una crisis sanitaria internacional y si bien las comunidades autónomas mantienen intactas sus competencias, le corresponde al Estado a través del Gobierno de la Nación la coordinación en la actuación frente a la crisis sanitaria, y es paradójico, cómo hemos pasado de un injustificado e inapropiado Estado de Alarma a una elusión en la responsabilidad que le concierne al Gobierno en la coordinación. Pero resulta si cabe más grave el desistimiento del Gobierno en la defensa del cumplimento del ordenamiento jurídico frente a las tropelías jurídicas que se están produciendo.