Master en improvisación escolar

A menos de tres semanas para arrancar el curso escolar, la zozobra cunde entre la comunidad educativa aún afectada por el convulsionado cierre del último ejercicio provocado por la pandemia. El coronavirus impactó de lleno sobre una actividad esencial en cualquier sociedad que se precie de serlo e hipotecó unos meses clave en la formación e instrucción de millones de alumnos, así como en las circunstancias profesionales de miles de profesores que se vieron sometidos casi de un día para otro a una transformación brutal de un medio que precisaba, precisamente, lo contrario, estabilidad y regularidad como condiciones para extraer el mayor rendimiento posible.

En aquel instante, es cierto, la arquitectura educativa del país tuvo que adaptarse a la carrera a una anomalía profundamente perturbadora. El esfuerzo de todos fue descomunal para que los alumnos sortearan de la mejor forma posible un periodo crítico. Nadie puede poner en duda que todos los actores implicados se esforzaron en pos de ese objetivo prioritario como era no dar por perdido el curso. A la tragedia sanitaria se habría sumado además el drama académico, y por consiguiente humano y social aparejado a ese agujero negro formativo en edades tan significativas causado por el coronavirus.

La lógica invitaría a pensar que los principales responsables de la política educativa, de garantizar una normalidad asumible en nuestros centros de enseñanza, habrían aprendido la lección, y se habrían puesto manos a la obra con la diligencia y la urgencia debidas. Ha habido tiempo, han pasado meses, para evaluar los distintos escenarios, desarrollar modelos prospectivos en función de todas las eventualidades y, en definitiva, estar preparados con una obligada presteza que redundara en confianza y seguridad para la comunidad implicada que en definitiva somos todos.

Y las sensaciones no resultan alentadoras ni invitan precisamente a esa credibilidad y certidumbre que alumnos, profesores, padres y todos los que rodean la enseñanza merecen. Que la última noticia oficial sobre el protocolo presentado por el Ministerio de Educación para el inicio del curso date del 11 de junio describe por sí solo el balance de una gestión. Desde aquella fecha hasta el presente, el grado de la amenaza es creciente y los rebrotes conforman ya una segunda ola del virus. ¿Dónde está la ministra Isabel Celaá? ¿A qué se ha dedicado este verano cuando la comunidad educativa en pleno se ha revuelto contra esa desidia negligente? ¿A qué se ha aplicado mientras se multiplican las plataformas que promueven ya huelgas de docentes ante el desdén de las autoridades contra una amenaza real para la salud pública y surgen colectivos de padres que se plantean no llevar a sus hijos a clase? ¿Cómo se han podido perder semanas de forma tan deplorable en un ámbito tan crucial como el educativo?

El vacío del Gobierno, su falta de liderazgo para coordinar con las comunidades autónomas un marco estable y seguro con prioridad para la educación presencial ha sido ocupado por la inseguridad y el desasosiego. Ya vamos de nuevo tarde, que es la singularidad de este Ejecutivo. Como la improvisación, en la que acumulan varios master. Aducir que la próxima semana está prevista una Conferencia de Presidentes monográfica sobre la «vuelta al cole», aunque sin fecha concreta, a poco más de siete días de la apertura de los centros, es otra señal del despropósito y del escaso rigor con que han afrontado el desafío clave de la educación.

La espantada de Celaá y en suma del Gobierno tampoco exime a los gobiernos regionales de su cuota de responsabilidad en que el curso académico se desarrolle dentro de unos cauces de eficiencia y seguridad tolerables en asunción de sus competencias. A día de hoy sólo especulamos con planes, recursos, plantillas, ratios de alumnos y en definitiva protocolos fantasmas de acceso a las aulas. Y no es ni tolerable ni serio.