Madrid, un cierre de dudosa legalidad

¿Es tan difícil ponerse de acuerdo? El cierre, confinamiento o como se quiera llamar de Madrid por orden ministerial es una decisión de graves consecuencias y de cuestionable legalidad. Hemos pasado de gobernar a golpe de decreto a hacerlo por medio de órdenes ministeriales. Es algo realmente pintoresco y sin precedentes. Una simple orden que se aplica para cuestiones que afectan a la salud, la economía y la movilidad a la vez que comporta una restricción o limitación de derechos. Desde el primer momento me ha parecido inquietante el poder que asume un ministro de Sanidad, cuya experiencia en la materia se reduce a unos pocos meses, y un sobrevalorado licenciado en medicina como Fernando Simón. A esto hay que añadir que este departamento cuenta con muy pocos recursos y personal, ya que las competencias corresponden a las comunidades autónomas. Es posible que la decisión sea o no acertada, pero de lo que sí tenemos la certeza es que se está gestionando todo con una inquietante improvisación. Me quedaría más tranquilo si hubiera un equipo de expertos identificables que marcaran las pautas al político Illa.

¿Por qué el criterio del ministerio es mejor que el de la comunidad de Madrid? ¿Alguien está politizando la situación? ¿Illa y Simón son más competentes que Ruiz Escudero y Zapatero? La decisión ministerial, que ha contado con el lógico apoyo de las comunidades socialistas, no se puede considerar colegiada y significa un duro golpe a la economía de Madrid y una grave perturbación para sus ciudadanos. No importa, por lo visto en esta Nueva Normalidad parece que estas cosas son irrelevantes porque en algún momento llegará Papa Noel o los Reyes Magos que resolverán la catástrofe. Falta claridad y sobra oscurantismo, aunque se haga con la mejor de las intenciones, porque deberían existir desde hace semanas unas normas aceptadas por todos que comportaran un automatismo en la toma de decisiones en estas materias tan graves e invasivas para la vida de los ciudadanos. No hay nada mejor que el BOE para despejar cualquier duda. Ahora tenemos un grave conflicto institucional sobre la mesa y supongo que el gobierno de Madrid recurrirá al Supremo. Esta judicialización es necesaria para clarificar el margen de actuación de cada administración y el alcance de sus competencias, la legalidad de los instrumentos utilizados y marcar un camino de futuro que otorgue seguridad y garantice que las decisiones se ajustan a Derecho. ¿Se tiene que cumplir esta orden ministerial?