¿Un CGPJ podemita, proetarra y golpista?

Lo que acontece en España de un tiempo a esta parte, especialmente desde que las garrapatas cabezonas llegaron al poder, nada tiene que envidiar para nuestra desgracia a lo que sufre Venezuela desde hace 22 años, los que han transcurrido desde que Hugo Chávez y su macarra Nicolás Maduro ganaron unas elecciones democráticas para instaurar una dictadura. En fin, lo mismo que quieren sus esbirros a sueldo podemitas por estos lares. Unos machacas que, simple y llanamente, están aplicando lo que les enseñaron sus barandas bolivarianos en las largas temporadas que pasaron allá aprendiendo cómo importar con garantías una revolución comunista que ha triunfado a base de tiranía, asesinatos políticos, encarcelamientos, expropiaciones y anulación del Estado de Derecho. Chávez tuvo claro desde el minuto 1 que si no se cargaba la separación de poderes jamás asentaría su dictadura y nunca podría robar las decenas de miles de millones que ahora esconden sus hijos y sus secuaces en Suiza y otros paraísos fiscales. Dicho y hecho: le costó mucho, seis años ni más ni menos, pero al final se salió con la suya cambiando el método de elección del gobierno de los jueces. En 2005 ya no quedaba rastro del Estado democrático que fue Venezuela. Para aquilatar su tiranía le bastó aumentar el número de magistrados del Supremo de 20 a 32 y sustituir la mayoría reforzada que regía hasta entonces para su elección por la mitad más uno de los votos de la Asamblea Nacional. Exactamente lo mismo que planean Sánchez y su jefe, el marqués de Galapagar. En Venezuela las cosas han caído tan bajo legal, moral y éticamente que las elecciones las supervisan dos magistrados del comprado Supremo, un Tribunal presidido por ¡el asesino de un adolescente¡, Maikel José Moreno. Acá el golpe de Estado judicial a la venezolana ya está en marcha. El plan es clónico: acabar con la mayoría reforzada de tres quintos del Parlamento para designar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y dejarla en simple mayoría absoluta. Desde hace semanas tratan de impedir los nombramientos de un CGPJ en funciones. Y la última salvajada no es otra que la exigencia del “cabezón” —ojalá fuera sólo eso— de reservar un puesto en el CGPJ  a Bildu y ERC. Que no es otra cosa que colar en la cúspide del poder judicial al brazo político de una banda terrorista (ETA) que asesinó a 856 españoles y a quienes perpetraron un golpe de Estado hace tres años y dos meses. ¿Cómo van a estar unos delincuentes en el gobierno de los magistrados que juzga a los delincuentes? ¿Estamos locos? Hace requetebién Pablo Casado en resistir, ganar tiempo y no ceder al chantaje del presidente de iure y el presidente de facto. La Justicia es el último gran dique de contención para no acabar como Venezuela, Rusia o Turquía. Y, además, qué narices, tener a Otegi por compinche interpuesto en el CGPJ sería tanto como tener al jefe de los asesinos de Javier Jáuregui, José Francisco Mateu, Carmen Tagle, Paco Tomás y Valiente, Rafael Martínez Emperador, Luis Portero, José Francisco Querol y José María Lidón. Una ignominia por no decir una burla a los jueces y fiscales que pagaron con su vida la defensa de la legalidad, la democracia y la libertad. Hasta ahí podíamos llegar.