Raíces de violencia

A raíz de los violentos incidentes que se han desencadenado tras el encarcelamiento de Pablo Hasel ha habido pronunciamientos justificativos de ese vandalismo. El más sorprendente ha sido el del arzobispo José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Sus palabras han dado por sentado que «la injusticia social provoca violencia», aunque también ha añadido que «en una sociedad democrática las ideas se defienden con palabras, nunca con violencia». Se trata de una declaración ambigua que justifica y desacredita simultáneamente tales acontecimientos. Pero, tratándose de un prelado de la Iglesia, también hay que señalar que estamos ante un enunciado sorprendente. Ello porque, en efecto, la Iglesia cuenta con una larga tradición doctrinal en la que la rebelión contra el poder establecido, incluso de manera violenta, resulta justificada. Recordemos, entre otros precedentes, la afirmación de Santo Tomás de Aquino en la Summa Teológica según la cual «el hombre debe obedecer al poder secular» –una sentencia ésta que recordó el Concilio Vaticano II–, aunque conserva el derecho a desobedecer y alzarse «cuando el poder es ilegítimo o manda cosas injustas». Los papas León XIII y Pío XI ratificaron esta doctrina. Al Syllabus de este último corresponde esta aseveración: «Es lícito negar la obediencia a los gobernantes ilegítimos e incluso rebelarse contra ellos». Pero no puede olvidarse que Juan XXIII y Pablo VI atenuaron tal doctrina, principalmente para desacreditar el derecho a la revolución y circunscribir la resistencia a la opresión al terreno no violento.

Por tanto, no parece muy católico referirse a las raíces de la violencia con los términos que ha utilizado el arzobispo Omella. Ha hablado de la «injusticia social», de la necesidad de asegurar el «bien común de todos los ciudadanos» y de una «desigualdad social que avanza con fuerza», pero no ha hecho alusión a las verdaderas causas de estos problemas ni a su alcance real ni los ha atribuido al ejercicio del poder político. En consecuencia, aquí no cabe apelar al derecho a la resistencia ni tampoco deslizar una equívoca comprensión a la violencia que se ha instalado en las protestas de los antisistema.