Estado de Obras revisitado

A la ministra Pilar Llop lo de la justicia y el cumplimiento del derecho le debe importar un carajo –incluso a pesar de ser profesional del ramo– porque, para justificar la indefendible transgresión de la Constitución por el Gobierno en el estado de alarma, ha defendido que lo único relevante es salvar vidas. Poco importa que algunos derechos fundamentales hayan quedado anulados, tal como destacó el Tribunal Constitucional, porque para ella lo que cuentan son los fines alcanzados y no los medios utilizados para conseguirlos. O sea, el Estado de Obras revisitado. Y sin sorpresas, a pesar de que constituyera uno de los sólidos argumentos políticos del franquismo, pues la izquierda es capaz de eso y mucho más. No me sorprendería que la Ley de la Memoria Democrática hiciera una excepción para erigir un monumento a Gonzalo Fernández de la Mora en los Nuevos Ministerios.

Pero el caso es que Pilar Llop no sabe muy bien de qué está hablando porque, en materia de gestión de la crisis epidémica durante los 98 días de la alarma inicial, el Gobierno de Sánchez dejó mucho que desear. Para empezar, la adopción de medidas no-farmacéuticas se produjo, en promedio, 42,8 días después del primer caso de contagio registrado, con un retraso de más de ocho días sobre la media europea, y de 25 sobre la de los países que más se espabilaron (Suiza, Reino Unido, Noruega y Dinamarca). Y para seguir, el número de vidas salvadas –que Llop, sin saberlo, toma de un artículo de Seth Flaxman publicado por Nature– fue, también comparativamente, muy insuficiente porque, en España, por cada fallecimiento por covid se contabilizaron 17,6 muertes evitadas. Esta cifra estuvo claramente por debajo de la ratio europea (20,9) y resultó muy alejada de la lograda por países como Austria (108,3), Alemania (82,0), Dinamarca (69,0) o Noruega (57,7). En consecuencia, se puede decir que el Estado de Obras de Sánchez es más bien de una mediocridad aplastante; y que más vale hacer bien los números antes de soltar, como Pilar Llop, argumentos falaces para desprestigiar el Estado de Derecho y sus instituciones.