El dislate de las pruebas MIR

Las exigencias de los independentistas son infinitas. Los indultos y la consulta de autodeterminación son dos elementos recurrentes que simbolizan el conflicto en torno a la cuestión catalana pero, hay un elenco de reivindicaciones, que no es la independencia en sí misma, que ponen en riesgo la cohesión nacional.

Tal es el caso de la polémica generada en torno a la petición de la cesión de las pruebas MIR a la Generalitat. No es la primera vez que el asunto salta al debate, pero es la primera que tiene posibilidades de salir adelante. En definitiva, es la quiebra del principal elemento homogeneizador de la calidad asistencial en todo el territorio nacional.

Las pruebas de acceso a la especialidad médica son, hasta la fecha, idénticas para todos los graduados en medicina de España. De manera, que cuando un paciente acude a la consulta del medico de familia o de un especialista, no es necesario que verifique la capacitación del facultativo, está garantizada.

La ruptura del principio de igualdad de acceso que exige el independentismo catalán es, necesariamente, la ruptura de la garantía de calidad del sistema sanitario. Ni que decir tiene que, además, limitaría la movilidad geográfica de los médicos, que requeriría de la convalidación a través de un sistema de exigencias adicionales.

El debate a corto plazo se quiere derivar hacia la cuestión lingüística. Los separatistas argumentarán que quieren incorporar la exigencia del catalán para poder ejercer la medicina en Cataluña, al igual que ya existe con los funcionarios, maestros y otros colectivos.

En sí mismo, el argumento es insolvente. Cuando las universidades, los hospitales y centros de investigación de los países más avanzados se esfuerzan por captar el mejor talento a nivel mundial, el provincianismo de los separatistas se empeña en excluir a gente capaz y en potenciar la fuga de cerebros.

Saben lo que hacen. Por eso, en realidad, lo entienden como el precio a pagar por una estrategia consistente en obtener la independencia arrancando a mordiscos competencias del estado.

Después de las infraestructuras de transporte, entrarán en debate los cuerpos y fuerzas de seguridad, la caja única de la seguridad social o la ruptura de un sistema judicial para todo el Estado.

Se trata de que, llegado el momento y después de un largo proceso de cesión de competencias y facultades, la secesión solo sea una cuestión formal, porque se haya sustanciado en el tiempo.

El traspaso de competencias debe tener un límite alguna vez, utilizarlo como arma de negociación para conducir la negociación catalana es un error. Por ejemplo, después del trato de favor a Aragonés en la conferencia de presidentes, su respuesta ha sido clara: " autodeterminación y amnistía para los condenados y fugados del Procés”.

El problema de fondo que tiene Sánchez es que el gobierno quiere terminar con el conflicto y está dispuesto a cualquier cosa, no calcula las consecuencias. Los independentistas, en cambio, tienen claro que no quieren acabar el conflicto porque a través de él pueden conseguir la independencia.