La okupación como robo. Su gravedad en España

La okupación es un grave problema que cada vez coge más fuerza e involucra a más actores políticos y sociales. Hoy constituye un espacio cotidiano en telediarios y medios de comunicación, causando crispación, dañando la imagen exterior de España y generando indignación en la ciudadanía. Contribuye al deterioro de la convivencia vecinal, y a una mayor crispación e inseguridad porque cada vez hay más reacciones violentas de los propios vecinos que tratan de tomar la justicia por sus manos. Las actuales leyes garantistas sobre el robo de propiedades van en contra de la convivencia y la justicia social. Para los típicos buenistas que de palabra los admiten, y para otros que las promueven, debemos decirles que: «Una sola oKupación, es Grave».

Ante tanto delito flagrante, no se ponen sobre la mesa medidas eficaces que sirvan para enfrentar tal problema. Al contrario, los okupas parecen salir impunes y cada vez se muestran más desafiantes ante la Ley y la Sociedad, porque comprueban una y otra vez que su conducta antisocial y antijurídica queda sin castigo. La Ley deja hoy a los ahorradores y propietarios –cualesquiera que estos sean– sin protección, y a las Fuerzas de Seguridad del Estado sin cobertura jurídica para proteger la propiedad privada. Las medidas adoptadas en los últimos años para paliar esta situación han resultado manifiestamente ineficaces, por lo que se deben buscar alternativas para esa mayoría de familias y personas que se ven desposeídas de su propiedad legítimamene adquirida con su esfuerzo y sacrificio de años y que con su ahorro contribuyen a paliar los déficits de vivienda pública en alquiler.

«El derecho de propiedad es un derecho reconocido constitucionalmente» y consagrado por la declaración de los Derechos Humanos, Todo el mundo tiene derecho al disfrute de sus propiedades y nadie puede impedirlo, sino es por medio de la Ley. La okupación debe ser tipificada penalmente como «robo permanente» y dar a las Fuerzas Públicas las facultades necesarias para la expulsión automática de los okupantes sin necesidad de intervención Judicial. Y poniéndoles a disposición de un Juez una vez expulsados de la propiedad okupada, con pena de cárcel, suspensión automática de todos los beneficios sociales o subsidios que reciba, no pudiendo aspirar luego a una vivienda oficial; y si hay niños menores que pasen para su protección a los servicios sociales.

Por otro lado, el okupa es un delincuente y no puede utilizar el principio de inviolabilidad y derecho a permanecer en el bien ocupado. Desde el momento que está fuera de la ley, el okupa no puede usarla a su antojo pretendiendo que la vivienda es un derecho fundamental; ese argumento no puede usarse, como ha declarado el Tribunal Constitucional. En un Estado de Derecho no puede prevalecer el derecho del que viola y abusa del mismo.

Así, cuando se detecta y se denuncia la okupación de una vivienda, sin escrituras de propiedad o contrato que lo certifique, la Policía debe proceder inmediatamente al desalojo, para lo cual la Ley debe dejar claro que un okupa no adquiere en ningún momento el derecho a estar en la vivienda okupada. De ahí que deba ser urgentemente tipificado como un delito de «robo permanente»; incluso si en algún momento han conseguido empadronarse, bien por ineficiencia o el favor de alguna administración, o mediante contratación de suministros, como también ocurre, si no hay enganches ilegales. Al tenerse conocimiento y denunciada la okupación se le eliminan automáticamente dichos beneficios por adquirirlos con fraude a la Ley, donde la policía está legitimada para desalojar a los amigos de lo ajeno sin necesidad de orden judicial

Urge una reforma legislativa que defina la okupación de una vivienda, sea de quien sea, como un robo permanente y agilice el desalojo por la Policía en el mismo momento que conocimiento del bien okupado. Definir la okupación como robo, dada la magnitud del bien robado, debe ser castigado con cárcel, asegurando el cumplimiento de las penas. Si premiamos el delito de okupación con una vivienda de protección oficial, incurrimos en una tremenda injusticia con las personas que usan el camino legal. Por el contrario, el okupa debe tener claro que no hay atajos que suplan al trabajo y al esfuerzo que conlleva el cumplimiento de la legalidad para conseguir una vivienda, y que el camino del delito solo conduce a la cárcel.

Un delito sin castigo ni pena equivale a permitirlo y tolerarlo. Es una ofensa grande para la convivencia. Y un Gobierno que permite tales injusticias es un Gobierno dañino y peligroso para la sociedad.