Peculiar Justicia europea

El fallo del Tribunal Constitucional de Polonia, declarando que varios artículos del Tratado de la UE violan la Constitución polaca y los declara inconstitucionales, ha provocado una crisis política de imprevisibles consecuencias para el futuro de la misma UE. De momento, ya se habla de un «Polexit» en la estela del Brexit británico, que provocó una herida profunda –todavía sin restañar– en unos y otros. Mas allá de formalismos jurídicos, lo que subyace en el fallo es un problema político de calado: si la Corte Suprema de Luxemburgo –intérprete de los Tratados– está por encima de sus homónimas de los 27 Estados miembros, significaría una pérdida efectiva de la soberanía por parte de éstos. Esto conlleva a su vez a una pregunta que requiere de respuesta acerca de la naturaleza jurídico-política de la misma UE. Desde los tiempos fundacionales, cuando con uno de los dos Tratados de Roma de 1957 nació la conocida como «Comunidad Económica Europea», popularmente denominada «Mercado Común», la «Europa de los seis» ha ido evolucionando hasta llegar a la actual de los veintisiete, ya no limitada a una mera unión económica, sino a una auténtica unión política «sui generis», sin constituir ni una verdadera Europa confederal ni unos «Estados Unidos» europeos.

En la trastienda del problema generado por dicho motivo, se encuentra el conflicto político preexistente con el Gobierno polaco, que no acepta subordinarse a la Agenda política de Bruselas en ámbitos como la separación de poderes; en particular, el poder judicial o la ideología de género, que constituye hoy en día una suerte de dogma político no sometido a discusión posible. Ese particular concepto de la igualdad en Polonia choca con valores y creencias incompatibles con la fe de una mayoría de la población; al igual que entra en conflicto con Hungría, por ejemplo, por razones de política migratoria respecto a musulmanes que a juicio del Gobierno húngaro ponen en riesgo su identidad nacional histórica.

Si tenemos en cuenta el problema político que está causando a España el nulo respeto mostrado hacia la euroorden emitida por nuestro Tribunal Supremo para detener y poner a su disposición para ser juzgado a un prófugo como Puigdemont, acusado de delitos tan graves como rebelión y sedición, hay que colocar en entredicho a Bruselas y su justicia, cuando menos por nuestra parte. El problema es que nuestro actual Gobierno carece de autoridad moral y política para hacerse respetar por la UE cuando Sánchez gobierna gracias a los aliados políticos del prófugo.

Sin duda, sería inimaginable que se produjera una situación similar con Francia o Alemania por ejemplo, pero es que la premisa que se da entre nosotros es imposible se pudiera dar en esos países: un Gobierno sustentado en comunistas y separatistas. Esa es la raíz de nuestro problema: no podemos pedir respeto a los demás cuando no nos respetamos a nosotros mismos. ¿Qué sucedería si la Corte Suprema de Luxemburgo un día declara que Puigdemont es un preso político?