El pateapolicías como síntoma

Que España vive un silencioso pero imparable proceso revolucionario lo llevamos advirtiendo unos pocos de una década a esta parte. Salvo algunas honrosas excepciones, prácticamente todos los medios son cómplices activos de un proceso irresponsable e ilegal. Es algo que viene gestándose y financiándose desde hace más de una década con un porrón de millones llegados a Podemos, bien en valija diplomática, bien a través de esa mula Caracas-Venezuela que es el desahogado de Monedero. En Podemos no son los más listos de la tierra pero sí los más sinvergüenzas y, desde luego, los más constantes en la búsqueda de sus despóticos objetivos. Y se aplican a machamartillo la celebérrima frase de Lenin: «Las revoluciones no se hacen, se organizan». Ni más ni menos que el libreto que ha desarrollado la banda de Iglesias, a la cual le va tan mal en las encuestas como maravillosamente bien en la tarea de sedimentar en los cerebros de los españoles su nomenclatura y su imaginario colectivo, en resumidas cuentas, su forma de ver la realidad. Es lo que la brillante Álvarez de Toledo definió, importando la terminología anglosajona, como «la batalla cultural». Las casi dos semanas que llevamos viviendo a cuenta de El Rastas Alberto Rodríguez son «batalla cultural» en estado puro. Doce días que, además de todo eso, permiten adivinar cuál es el estado de salud de nuestra democracia. Ciertamente, el veredicto no puede ser más desalentador. Lo primero que llama la atención es que la tercera autoridad del Estado, esa nacionalista travestida de socialdemócrata que es Batet, se negó a cumplir ipso facto la resolución del Supremo, que obliga a desproveer de la condición de parlamentario al interesado tras ser condenado a mes y medio de cárcel por patear a un policía en una manifestación. Batet quiso prevaricar y perpetrar un delito de desobediencia, y de hecho lo hizo siquiera por unas horas, al negarse a retirar el acta al delincuente. Semejante acto de rebelión sería impensable en la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, o en el número 1 de los Comunes, Sir Lindsay Hoyle. Tendrían que volver a nacer para ordenar, como sí hizo por cierto la inefable Batet, a los letrados del Parlamento forzar un documento sin firma —ojito— que apostaba por mantener sentado en el Congreso al pateapolicías. Un informe que constituye un acto de desobediencia en sí. Tuvo que terciar Manuel Marchena para advertir que no quedaba otra que largar al matón. La picapleitos de Batet sólo aplicó la resolución cuando le quedó claro que podía acabar caminito de Jerez. Lo de la prensa y la izquierda política mediática y judicial es igualmente delirante. Los Pérez-Royo, Joaquim Bosch y demás apóstoles del Derecho alternativo aseguran que no ha lugar a la expulsión. La prensa socialpodemita hizo de altavoz de esta pedazo de trola o bulazo. Porque el fallo no es interpretable y porque, a más a más, hay que recordar que quien tiene que dilucidar las consecuencias prácticas es el presidente del tribunal sentenciador. Un Marchena que sabe más de Derecho Penal que todos los interpretólogos juntos. Malos tiempos para esa separación de poderes que es el requisito sine qua non para concluir que un sistema resulta plenamente democrático. El derecho alternativo, los tribunales populares y la negación del orden constitucional que defiende esta panda es el camino más corto a la autocracia cuando no a la dictadura. Quieren cambiar la ley por sus pelotas. Un proceso revolucionario con todas las letras. ¡Qué tiempos aquéllos en los que la izquierda, Partido Comunista incluido, respetaba la legalidad!