Inquisidores anticlericales

Los socios de Pedro Sánchez -Podemos, Bildu y ERC- han propuesto crear una comisión parlamentaria para investigar y juzgar los abusos sexuales que se atribuyen a la Iglesia Católica. Los socialistas no lo ven mal y los del PNV se inclinan por la creación de un grupo de expertos que realice la investigación y presente sus conclusiones al Parlamento. No se sabe muy bien para qué ni con qué derecho. ¿Por qué no se investigan los casos, y se repara a las víctimas, en el ámbito familiar, en el campo educativo o en el mundo del deporte, la cultura o el espectáculo? A nadie se le ha ocurrido hacer algo parecido. Esto se antoja una caza de brujas o una causa general contra la Iglesia en España. Tal cosa parece al observar de dónde parte la iniciativa. Sin quitar importancia a la gravedad y repugnancia de los hechos que se denuncian, merecedores del repudio y la reparación moral y material, es imposible evitar la sospecha de que los promotores de semejante serial pretenden utilizar el esclarecimiento y la justa reparación de los delitos cometidos como una operación destinada a desacreditar a la institución eclesiástica y al catolicismo en general.

Es verdad que resulta escandaloso el hecho de que los detestables casos que se airean y denuncian ocurran dentro de una institución ejemplar, llamada a dar ejemplo de comportamiento moral. Es también cierto que el papa Francisco, en un generoso gesto purificador interno, que algunos juzgan excesivo, ha sido el primero en exigir la máxima colaboración para aclarar lo sucedido. Esto se ha hecho ya en otros países con evidente descrédito del catolicismo. Asimismo está claro que es función de la Justicia averiguar si ha habido casos de ocultamiento de delitos de este tipo por parte de los superiores eclesiásticos. Pero de ahí a criminalizar a la institución eclesiástica, cuando no a la propia religión, por el mal comportamiento de algunos, muy pocos, de sus miembros, como parece que se pretende, hay un gran trecho.

Cada ser humano es responsable exclusivo de sus actos, no la institución a la que pertenece, sea la Iglesia, la familia, un club deportivo o una empresa de prensa. Cada cual individualmente tendrá que responder ante la Justicia de lo que ha hecho. En el caso de los abusos sexuales de algunos clérigos se corre el riesgo de caer en un delito de odio contra la Iglesia Católica y, por tanto, contra la ley de Libertad Religiosa, una discriminación que supone un grave atentado contra los derechos humanos. Deberían tenerlo en cuenta los justicieros de la prensa y de la política. Parece que, con el Gobierno «progresista» y la ola de increencia que recorre Occidente, han surgido los nuevos inquisidores anticlericales.