Resentimiento contra la Iglesia

El único punto candente al que no alcanzó la concordia en la Transición fue el del nacionalcatolicismo. Ahí no hubo borrón y cuenta nueva. Siguió el resentimiento de la guerra civil, que los vencedores llamaron cruzada después de sufrir los católicos la mayor persecución religiosa de que se tiene memoria en Occidente, una carnicería, un espantoso crimen contra la humanidad. Los perdedores de la contienda no perdonan a la Iglesia católica su apoyo a Franco. La izquierda no tiene en cuenta el papel decisivo de los movimientos católicos, incluyendo la mayoría del clero, como se comprobó en la famosa Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes de 1971, en la caída del régimen y en el cambio democrático. El papel de los católicos en las fábricas y en la Universidad fue mucho más importante que el de los socialistas, que en aquellos momentos críticos estuvieron casi desaparecidos. El cardenal Tarancón llegó a llevar en el bolsillo, cuando el «caso Añoveros», el papel con la excomunión de Franco. Y los Gobiernos de la transición a la democracia estuvieron conducidos por los católicos. Nadie ha hecho tanto. Pero nada de eso se tiene en cuenta hoy. Prevalece la anacrónica imagen inicial de Franco victorioso entrando bajo palio en las catedrales, rodeado de mitras.

Ese profundo resentimiento histórico de la izquierda contra la Iglesia vuelve a aflorar hoy visiblemente desde el Gobierno de coalición, presidido por Pedro Sánchez y formado por socialistas y comunistas, que recuerda al del Frente Popular. La presencia en el mismo de ministros que siguen adorando a Lenin ayuda a explicar lo que pasa. Cualquier pretexto sirve para alentar desde el poder y sus terminales mediáticas una persecución, más o menos solapada, contra la Iglesia y, si es posible, contra la cultura cristiana. Las inmatriculaciones de bienes, la enseñanza religiosa en las escuelas o, de manera estruendosa, los casos de pederastia.

En este último asunto se pretende nada menos que montar en el Parlamento una causa general contra la Iglesia católica. No se tiene en cuenta que el Episcopado ha establecido, con buen criterio y de acuerdo con Roma, unos mecanismos para aclarar caso por caso –que, por cierto, son menos que en ningún otro país del entorno–, sin hacer sociología ni estadística. Todas las diócesis españolas han recibido un decreto general aprobado por el Vaticano. Nadie tiene más interés que la Iglesia española en aclarar y remediar lo que ha pasado. «Es una campaña –me dice un obispo– para minar la credibilidad moral de la Iglesia y para que no ejerza su misión profética de denunciar las injusticias de ciertos poderes públicos». Eso parece.