¿Otros pactos de la Moncloa?

Con esta denominación han pasado a la historia los acuerdos alcanzados el 25 de octubre de 1977, entre las fuerzas políticas y las organizaciones sindicales y patronales para hacer frente a la crítica situación económica y social que sacudió de lleno a nuestro país y que ponía en riesgo la operación política conocida como la Transición a la democracia. Los 45 años transcurridos desde entonces no le hacen perder actualidad en la medida en que reflejan la voluntad concertada de los principales actores políticos y sociales de alcanzar un gran acuerdo nacional para superar juntos una grave situación. Con todas las diferencias que el transcurso del tiempo impone, lo cierto es que, en estos momentos, ante una cadena de estragos –pandemia, guerra...– no conocidos en décadas, y con una inflación que en este marzo se ha situado prácticamente en el 10%, la necesidad de un gran acuerdo nacional resulta acuciante. Sánchez ya lo intentó el pasado año por estas fechas y el intento fracasó antes de haber nacido, cuando lo anunció en el Congreso sin haberlo siquiera comentado a los líderes de la oposición. Ahora, un año después, vuelve a pedir un acuerdo «de país», –eufemismo para obviar lo que normalmente se entiende por acuerdo nacional o pactos de Estado–, quejándose de que ni siquiera en las actuales circunstancias encuentren eco sus apelaciones al consenso. Quizás debería preguntarse Sánchez acerca de las razones por las que él se quejaba de esa ausencia de respuesta en el Congreso, y hacer el esfuerzo de intentar una autocrítica sondeando la posibilidad de que quizás él sea parte del problema y no de la solución. Ahí encontraría la respuesta del porqué no es posible lo que es necesario en estos momentos: un gran acuerdo nacional sobre rentas, que se antoja indispensable para superar la actual crisis. Difícilmente puede pedir Sánchez unidad a la oposición, cuando no es capaz siquiera de conseguirla en su gobierno y en sus aliados parlamentarios en una cuestión realmente «de Estado» como es la posición de España sobre el Sáhara, en que ha realizado un viraje de 180º en la posición española nada menos que con una carta suya de la que España se ha enterado por la filtración del Reino alauita. Este es un caso particularmente lamentable porque ha malogrado una normalización política necesaria con nuestro vecino del sur, con unas formas sencillamente inaceptables, más propias de una autocracia que de una Monarquía parlamentaria. Así no debe extrañar que aludiendo a las calamidades que nos aquejan –incluida la del volcán Cumbre Vieja– desde su investidura presidencial en enero de 2020, no pocos españoles consideren que la primera calamidad pública padecida es precisamente él.