La excesiva presión fiscal reduce la competitividad de la economía española

El informe de 2020 del Instituto de Estudios Económicos alertaba sobre la economía informal tan arraigada en España: «Si se lograse que la economía sumergida se redujese a unos niveles similares a los de la Unión Europea, es decir, al 13%, entonces la presión fiscal en España se podría elevar hasta niveles del 38,7%, ratio muy similar a la actual presión fiscal de la UE, que está en el 39,2%». Esto supondría «legalizar» a más de un millón de nuevos contribuyentes a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y cotizantes a la Seguridad Social. Las arcas públicas notarían un enorme alivio y se aseguraría la continuidad del sistema público de pensiones.

El estudio del IEE constataba que la presión fiscal en 2020 en España había aumentado un 6,5%, con una recaudación y un PIB en descenso. Los españoles soportábamos ya entonces 6,6 puntos porcentuales de imposición fiscal más que la media de la UE, considerando el ratio entre presión fiscal y PIB per cápita. Tan solo nos superaba Italia.

La equivocada política fiscal española, de no reducir despilfarro y suplir con más impuestos la bajada en la recaudación, nos ha llevado a perder competitividad fiscal.

Este estudio del IEE aludía al ranking anual que elabora Tax Foundation, en el que España había pasado del puesto 23 al 27 sobre un total de 36 países, y afirmaba que «Lo peor es que, de llevarse a cabo las subidas impositivas anunciadas, junto con las ya concretadas, esa posición va a descender todavía más».

De hecho, el informe presentado en diciembre de 2021, ya registraba un descenso mayor de lo pronosticado en materia de competitividad fiscal, puesto que España bajaba al puesto 30, ampliándose a 37 los países analizados. En solo dos años de voracidad fiscal del gobierno español se ha hecho perder a nuestro país 7 posiciones en un mundo en donde la competitividad es fundamental para mantener la economía y el empleo.

El IEE advierte que de implementarse en 2022 más políticas recaudatorias y la pretendida armonización fiscal autonómica, los efectos negativos sobre la economía se plasmarían, de entrada, en el incremento del paro en más de un millón de desempleados y cifra en 60.000 millones de euros la caída del PIB. Con una de las mayores presiones fiscales de Europa, con un elevadísimo índice fiscalidad/PIB per cápita, y quinta en el ranking europeo en fiscalidad normativa, nuestra economía precisa políticas de choque que primen un control del gasto público y la lucha contra la economía sumergida, las dos grandes asignaturas pendientes que no se afrontan.

El estudio también evidencia la falta de competitividad de la empresa española, sometida a un sobrecoste de 27,2 puntos por encima de la media de la Unión Europea en Impuesto de Sociedades y a 8,0 puntos porcentuales más que la media de la UE en cotizaciones sociales a cargo de la empresa, que alcanzan en España una media del 29,9% sobre el salario bruto.

Así, la empresa española contribuye con un 31,9% a la recaudación total, que son 6,9 puntos porcentuales más que la media de la UE, que es del 25,0%.

Pero no es solo la empresa la que es exprimida, también lo es la ciudadanía en campos como la excesiva tributación patrimonial que se sufre en España, que es 40,8 puntos porcentuales superior a la media de la Unión Europea, y que únicamente es sobrepasada por Italia con 6,8 puntos más que España.

Por otra parte, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizó su último estudio sobre impuestos en julio del pasado año, siendo una de las conclusiones más llamativas que el 60,6% de los españoles afirma que las administraciones públicas le dan menos de lo que paga en impuestos y cotizaciones.

Además, este mismo estudio, refleja que un 58,8% de la población mantiene que, en conjunto, la sociedad se beneficia poco o nada de lo que pagamos a las administraciones públicas en impuestos y cotizaciones. Tan solo un 5,5% considera que recibe más de lo que paga.

La sociedad comienza a cuestionarse la eficiencia en la recaudación.