Freedom for Catalonia

Libertad de conciencia y pluralismo. Basta ya de silencios impuestos sobre la política lingüística del nacionalismo identitario, que es tótem y tabú al mismo tiempo. Basta ya de no mirar de cara al régimen ultranacionalista y su degradación.

Ha sido precisa mucha desinformación y control social para que la falsa moneda de la ingeniería social nacionalista pase por progresista.

Hemos elaborado un informe para Bruselas en el que se documentan las agresiones a las libertades civiles en Cataluña con políticas sociolingüísticas identitarias excluyentes. Pero no sólo eso. Los socialistas y la izquierda tienen cosidos los ojos. No quieren ver que los extremismos identitarios excluyentes no caben en ningún rincón de esta Europa que se construyó contra el nacionalismo y la guerra, con perdón por la redundancia.

Cuando la descentralización política es amplia, los gobiernos regionales, que son entidades subestatales, pueden actuar de forma desleal, de forma torticera, y ser un peligro para el Estado de Derecho. Y atención: el Estado de derecho, en la UE, es cosa de todos los europeos. No es sólo una cuestión de los Estados; si el gobierno es negligente, la Comisión debe actuar para proteger la democracia de todos los europeos.

La erosión constante de las bases democráticas ha venido ocurriendo en Cataluña mientras los gobiernos sucesivos no se enteraban o no les interesaba actuar. Así creció el problema, se cronificó, se naturalizó. Si Bruselas vigila y castiga las exclusiones y discriminaciones en Hungría y Polonia por parte de gobiernos locales o regionales mientras el gobierno disimula o asiente, debe hacer lo mismo con las que se perpetran en Cataluña desde hace décadas.

Úrsula Von der Leyen, Vera Jourová y Didier Reynders –la presidenta de la Comisión Europea, la vicepresidenta de Valores y Transparencia y el comisario de Justicia-- saben que las democracias no mueren de un día para otro. Saben que la calidad del Estado de Derecho se deteriora con actos casi imperceptibles al principio, con precedentes cuya gravedad no se valora porque no hay una voz de alarma que los denuncie. Porque no hay una respuesta.

Por eso es importante difundir los indicadores del deterioro del Estado de Derecho en Cataluña. Los actos, las decisiones y las manifestaciones ultraidentitarias que discriminan, que excluyen, que siembran la hostilidad, la obsesión contra lo común, y que justifican la violencia moral y el acoso en una espiral de radicalización tóxica.

Son los ataques contra el derecho a la igualdad de trato y derecho a la educación en la enseñanza obligatoria, la secundaria y la universitaria; es el acoso, el bullying institucional hacia las familias; los asaltos contra la libertad de expresión, la libertad ideológica y la libertad de asociación; es la vulneración de los derechos fundamentales por acción y por omisión en las universidades; es la segregación en la enseñanza obligatoria, que hace que esa lengua sea residual en más del 90% de las escuelas de Cataluña y contraviene las indicaciones de la Unesco sobre la lengua materna: los menores castellanohablantes no pueden estudiar ni el 25%% que prescribe la ley en su lengua materna; son los ataques al pluralismo y la persecución de organizaciones estudiantiles universitarias, la discriminación y el señalamiento de estudiantes y grupos contrarios al nacionalismo como S´ha Acabat. Con sentencias que acreditan lo antedicho.

El mismo día en el que la Comisión Europea recibió mi informe sobre este estado de cosas, y como para subrayarlo con un golpe de realidad, la Generalitat –cuyo president encarna la representación del Estado español en Cataluña— aprobó un decreto en el que de nuevo desobedeció las resoluciones del Tribunal Supremo en defensa del castellano como lengua vehicular. En lugar de corregir sus errores sobre incumplimientos de sentencias previas, el Gobierno catalán decreta lo contrario: burlar la ley, reforzar el modelo ultranacionalista y monolingüe de la escuela

Ha de divulgarse cómo los tribunales, en primera, segunda e incluso tercera instancia (Juzgados, Tribunal Superior de Justicia y Tribunal Supremo) han condenado a las universidades públicas catalanas por vulnerar el derecho a la no discriminación por razón de opinión, ataques al pluralismo y persecución de organizaciones estudiantiles. Han lesionado las libertades fundamentales de reunión y manifestación de los grupos de estudiantes constitucionalistas que pretendían ejercer tales libertades. Organizaciones de profesores han denunciado la sumisión de los rectores al poder y su intento de uniformizar el pensamiento con arreglo a las lógicas nacionalistas.

Pido a la Comisión Europea que sepa todo esto y que actúe. Y que tome todo ello en consideración para su próximo informe sobre el Estado de Derecho en España. Porque es el Gobierno de España el que interviene con su complicidad o deja actuar con su pasividad, incurriendo en una responsabilidad cada vez más evidente.

No cabe la Europa de la ciudadanía sin sacudirse el yugo de los tiranos de la identidad.