Nuevo Año Judicial, ¿apertura o cierre?

Mañana es el acto de Apertura del Año Judicial, un acto cuyo simbolismo me invita cada año a escribir sobre la situación de nuestra Justicia; también para comprobar anualmente que me voy repitiendo. No he indagado qué se dirá en el discurso de mañana, pero supongo –así lo filtró algún periódico– que se centrará en la situación del Consejo General del Poder Judicial tras casi cuatro años bloqueado. Y como lo cortés no quita lo valiente, espero que se haga en términos contundentes, claros y limitadamente protocolarios, que se deje constancia de la indignación que produce una situación, de hecho, inconstitucional que daña cada día más al Poder Judicial.

Vivimos un episodio más de un proceso degenerativo que va in crescendo, que inauguró el socialismo al llegar al poder en 1982. Fiel a su ADN ideológico, su mentalidad no casa con la independencia judicial e inició una empresa de conquista al no concebir que ese espacio del Estado escapase a su control. Pero han creado escuela y el lado conservador acabó captando que, en el fondo, tampoco era rechazable servirse de ese ascendiente del poder político sobre la Justicia, con el añadido de que los conservadores veían en la Justicia un asunto menor, molesto y hasta extraño. Como me decía un viejo juez, la izquierda nos odia y la derecha nos ignora.

Ese acto solemne se celebra en el Tribunal Supremo, tribunal que va desgastándose al sumar vacantes sin que el Consejo pueda cubrirlas, aunque me pregunto si entre quienes gobiernan, cogobiernan y colegislan o, incluso, desde la principal oposición, hay una idea cabal de qué es la Justicia o que el Tribunal Supremo esté en cuadros. Creo que nos ven como unas piececillas que se tiran a la cabeza en el tablero de su lucha política, compartiendo sitio con el precio del gas o de la luz, la inflación, el paro, etc. Esa es la verdadera politización de la Justicia, lo que censuró el Tribunal Constitucional.

Como novedad este nuevo Año Judicial lo presidirá un lema: la «desjudicialización». Así lo pactaron en agosto gobierno y separatistas, luego asistiremos a un solemne acto de Apertura cuando algunos traman otro de Cierre. Es una desjudicialización en la que confluyen unos intereses políticos para que los jueces no incordien con las exigencias del Estado de Derecho y unos intereses ideológicos que apoderan a un Ejecutivo totalizante para que vaya arrinconando al Poder Judicial.

Desjudicializar es así lo pactado con el independentismo para los próximos tiempos y por tal hay que entender que se procure garantizar la impunidad jurídica del separatismo, luego que los jueces tampoco pongan en apuros a la actual mayoría parlamentaria; desjudicializar es también dejar la palabra de los tribunales en la inanidad a base de indultar a correligionarios o aliados o, ya puestos, a cualquier otro amigo o amiga, como son los indultos que petición del feminismo radical.

A poco que repasemos la más reciente legislación veremos que desjudicializar es también ir creando órganos ideologizados que ocupan el lugar de los tribunales y lejos irán quedando los tiempos en los que eran los tribunales los verdaderos garantes de los derechos fundamentales. Ahí está que se pueda adquirir la condición de víctima de violencia «de género» y acceder a los beneficios que conlleva no porque lo declare un juez tras un proceso contradictorio con todas las garantías, sino unilateralmente un funcionario incluso municipal- comprometido con el feminismo; o que en algunas autonomías tampoco sea un juez, sino otro funcionario, quien pueda declarar abusiva una cláusula contractual.

Desjudicializar es, por ejemplo, dejar en la ineficacia la solución judicial de problemas ciudadanos –ahí está la «okupación»–, lo que certifica el efecto perverso de que los afectados se tomen la justicia por su mano. Y desjudicializar es ese monstruo de reciente alumbramiento, la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Un armatoste administrativo que en el mejor de los casos –y ya le bastaría– dará de comer a una miríada de burócratas y, en el peor, será una verdadera Gestapo o KGB que ejercerá de policía igualitaria, encargada de vigilar de que en cada rincón se cumplan las exigencias del igualitarismo según el universo ideológico socialcomunista.

Y salvo que antes de lo previsto suene la campana que disuelva esta legislatura, este nuevo Año Judicial verá la consolidación de la Justicia no como poder del Estado, sino como un servicio público más dependiente de las administraciones, léase los poderes ejecutivos, central y autonómicos. Vendrá de unas leyes que alardean de que su fin es «transformar la Justicia en un servicio público accesible, eficiente y sostenible». Un ladino empleo de términos y conceptos que irá alejando la idea de Justicia como poder para igualarla con cualquier otro servicio público. Por poner un ejemplo, con el de trenes de cercanías.