Antitransparencia

Las instituciones políticas deben ser controladas y fiscalizadas. Su enorme poder (tanto a la hora de regular nuestras vidas como a la hora de arrebatarnos nuestras propiedades) hacen absolutamente exigible vigilarlas. El mismo Jefferson solía decir que el precio de la libertad es la vigilancia perpetua. Pero, como es obvio, a nuestros gobernantes no les gusta ser vigilados: cuanto menos fiscalizados se sientan, más margen poseen para desmadrarse y abusar del poder en su favor. Y cuidado, ni siquiera estoy hablando de corrupción: en ocasiones los abusos de poder son perfectamente legales, aunque poco decorosos. Destinar una elevada suma de dinero público a una autonomía gobernada por el mismo partido que ocupa el Ejecutivo nacional puede ser del todo legal pero políticamente tramposo. Por eso es importante que se supervise qué hacen los políticos con nuestro dinero: para que desmadrarse les salga más caro.

Pues bien, durante los últimos días, el Ejecutivo de PSOE-Podemos ha recibido dos avisos de organismos internos y externos acerca de su resistencia a la fiscalización. Primero fue la Comisión Europea, deslizando que uno de los hitos que a España le faltaba por cumplir para seguir recibiendo el dinero era poner en marcha un mecanismo funcional de auditoría para trazar el seguimiento de todo ese caudal público. Y después vino la AIReF al evaluar los presupuestos: éstos presentan «carencias notables» en términos de transferencia lo que dificulta su evaluación. En particular, esto es lo que textualmente señaló Cristina Herrero, presidenta del organismo: «Los presupuestos carecen de calidad informativa, por lo que no facilitan la tarea de la AIReF, y por tanto no aportan una visión conjunta integral y así se debilita la rendición de cuentas que conlleva implícito unos Presupuestos».

¿A qué viene esa resistencia numantina a rendir cuentas? ¿Por qué el Gobierno se revuelve como un gato panza arriba frente a la posibilidad de que los ciudadanos y los organismos especializados controlen su labor? Más allá de la crítica específica que quepa hacerle al Ejecutivo en estos casos particulares (fondos europeos y presupuestos), lo verdaderamente preocupante es que este tipo de comportamientos ponen de manifiesto una pésima calidad de nuestras instituciones públicas. Y eso es uno de los principales problemas que lastran el crecimiento económico de este país.