Ley de Memoria Selectiva

He escrito elogiosamente sobre Don Emilio Herrera Linares, militar y científico, pionero de la Aviación española, inventor del traje espacial y fundador de lo que hoy es la Escuela Superior de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid. Amigo personal del rey Alfonso XIII, se mantuvo fiel a la República llegando a ser su presidente en el exilio.

He escrito con tintes laudatorios sobre el general Batet, quien, manteniéndose fiel a la República, abortó la insurrección de la Generalidad de Cataluña de octubre de 1934 y quien, en 1936, reiteró su fidelidad republicana. Doblemente fiel y doblemente repudiado. Los nacionalistas catalanes no lo perdonaron y los vencedores de la Guerra Civil tampoco. Murió fusilado a pesar de que su amigo, el general Queipo de Llano, intercedió infructuosamente para salvarle la vida.

He escrito sobre los aviadores de la República y sobre su escuela en Kirovavab, Azerbaiyán, algunos de los cuales perdieron la vida en defensa de sus ideales, y cuyos restos reposan lejos de España.

He escrito sobre los horrores que padecieron los republicanos españoles en Mauthausen, quienes fueron maltratados en su corto exilio en Francia antes de ser conducidos al campo de trabajo-exterminio austriaco.

Recientemente he escrito sobre la reconciliación nacional, desde el más absoluto convencimiento de que el mejor camino, quizás el único, para construir de una vez por todas un futuro de España en paz y prosperidad es haciendo realidad una sincera, efectiva y definitiva reconciliación nacional.

Siempre que he escrito de militares republicanos lo he hecho elogiando, en su caso, sus virtudes humanas y militares, con independencia de sus ideas políticas. Ni todos los virtuosos estaban en un mismo bando ni todos los inmorales en el opuesto. Pío Baroja lo expone con todo lujo de detalles en «La Guerra Civil en la Frontera», o Clara Campoamor, en «La Revolución española vista por una republicana».

La Ley de Memoria Democrática supone un enorme retroceso en el espíritu de reconciliación nacional, ya que, en mi opinión, enaltece a las víctimas de un bando y criminaliza al opuesto, como si el horror y el sufrimiento hubiera sido infligido solo por unos y soportados exclusivamente por los otros, lo que es una enorme falsedad histórica.

Esta ley, de memoria selectiva, parece dictada como si en 1977 no se hubiera aprobado, con enorme consenso, la Ley de Amnistía; como si en 1978 no se hubiera promulgado la Constitución, y como si no existiera en nuestro Ordenamiento jurídico el valor superior de «pluralidad política» o los principios de «seguridad jurídica» e «irretroactividad de la ley penal».

En esta situación cobra especial importancia la «Declaración por la Concordia y en Defensa de la Transición», que conocidas personalidades de diferente signo político suscribieron sobre esta ley, en la que defienden la transición política y la Constitución, denunciando «que el pacto constitucional sea objeto de de una tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica». Una ley de Memoria, o es una ley pactada con amplio respaldo, o es una ley de memoria parcial y selectiva.

Resulta especialmente dolorosa la ausencia de referencia a ETA, a sus crímenes y a sus víctimas, lo que evidencia la parcialidad de esta ley que, ignorando el llamado «principio minoritario», la cubren de una muy dudosa constitucionalidad por parcial y antidemocrática.

La Ley de Amnistía de 1977 hace imposible imputar los delitos que supuestamente cometieron los vencedores de la Guerra Civil, al igual que a los perdedores, de cuyos posibles crímenes ni se habla. El constitucional principio de seguridad jurídica y de irretroactividad de la ley penal así lo exige. Para la doctrina más autorizada, una amnistía constituye el «punto final de una situación pasada y conocimiento de una nueva», algo equivalente a una «refundación política», lo que sin duda fue nuestra ejemplar transición política y el correspondiente periodo constituyente. No respetar ese punto final y esa refundación política es tanto como dinamitar los cimientos de nuestro Estado de Derecho y retrotraernos políticamente al año 1977, que creíamos superado.

El valor superior de «pluralidad política» obliga a respetar a otras opciones ideológicas, entre ellos los que tengan otra visión de la Guerra Civil. La II República no fue el régimen admirable que algunos describen, e historiadores de reconocido prestigio así lo señalan. Nuestro Ordenamiento ampara, incluso, a los que pretenden abolir la Constitución, al no imponer el llamado «constitucionalismo militante», de manera que determinadas ideologías que están prohibidas en otras constituciones democráticas por su criminalidad, nuestra Constitución, ampliamente permisiva, las permite.

Cada cual es muy libre de pensar si las cosas deben ser así, o por el contrario deben cambiar, pero mientras nuestra Constitución esté vigente debemos respetarla, así como a sus valores y principios, cosa que en mi opinión, la Ley de Memoria Selectiva no hace.

Tomás Torres Peral. Comandante de Caballería. De la Academia de las Ciencias y Artes Militares.