El TC y el CGPJ: la anomalía española

Hace unos días, el presidente del Gobierno nos sorprendía en un homenaje a la escritora Almudena Grandes mostrándose muy satisfecho al afirmar que «una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador del Valle de los Caídos». No me parece que sea un acto de gran heroísmo o que haya dado lugar a uno de esos momentos estelares de la Historia dignos de ser recogidos por algún lúcido heredero de Stefan Zweig. A estas alturas, hablar de Franco, fuera del ámbito de la historiografía, me parece una inquietante enfermedad que afecta a una parte de la sociedad española. Ese deseo de mantenerle vivo políticamente, por aquellos que vivieron muy bien durante los años del franquismo o cuyas familias formaron parte del régimen, no es mi caso, obedece a un objetivo partidista y frentista. Mi familia no forma parte del colectivo que podemos denominar los ganadores de la Guerra Civil. Una buena parte de los impulsores o defensores de las leyes denominadas de la memoria no sufrieron los rigores de esos años. Ni sus padres u otros familiares directos. La elite dirigente socialista, tanto la actual como las anteriores, al igual que Iglesias y sus acólitos, no son precisamente de extracción obrera.

El caso de Pablo Iglesias es muy interesante, porque su padre era inspector de trabajo durante el franquismo y su abuelo paterno vivió plácidamente como funcionario ministerial protegido por los capitostes del régimen. Iglesias, Sánchez, Calvo y tantos otros han conseguido derrotar al dictador cuando lleva varias décadas muerto. Las familias de los promotores de este frentismo guerracivilista no fueron unos valerosos luchadores antifranquistas, salvo que hicieran alguna aportación que no conocemos como altos funcionarios, abogados o empresarios. Tengo un gran respeto por aquellos que sufrieron los rigores de la dictadura, los que lucharon en los campos de batalla, fueron represaliados o asesinados, por cierto, decenas de miles en ambos bandos. Merecen nuestro reconocimiento. Como historiador y jurista defiendo que se conozca lo sucedido sin ninguna limitación y detesto los secretos oficiales. Toda la información sobre la Guerra Civil, el franquismo y la Transición debería estar al alcance de los investigadores. La utilización de criterios científicos, propios de la Historia, ofrecería mucha luz sobre lo que realmente sucedió durante esas décadas.

Es muy interesante la preocupación de Sánchez por pasar a la Historia, así como aquello que identifica como relevante de su acción de gobierno. No lo digo con ánimo ofenderle, pero exhumar el cadáver de Franco me parece irrelevante. No veo nada heroico o extraordinario, porque me resulta indiferente donde reposen sus restos. La nueva ley de Memoria no lo sitúa al nivel de los grandes presidentes, porque es una norma que tiene un claro sesgo partidista. No se glosará como algo favorable que haya decidido acabar con el delito de sedición y cambiar la malversación para favorecer que los independentistas condenados por atentar contra la Constitución y el ordenamiento jurídico se puedan presentar a las elecciones. La radicalización del socialismo tampoco es algo positivo, aunque esté condicionado por su socio de coalición y sus aliados parlamentarios. Me gustaba más cuando no quería saber nada de Iglesias y sus acólitos, de los secesionistas y los filoetarras. Hubiera preferido que no siguiera los pasos del deleznable Pacto del Tinell por el que el PSOE quiso establecer un cordón sanitario contra el PP.

Los sucesivos cambios legales para conseguir el control del Tribunal Constitucional no es algo por lo que se pueda pasar a la Historia desde una perspectiva positiva. A pesar de los esfuerzos de la izquierda política y mediática, es una enorme chapuza legal. Estoy convencido de que en el Tribunal Constitucional habrá juristas que tendrán la dignidad, como hicieron en su día Manuel Aragón o Encarna Roca, de anteponer el Derecho a cualquier concepción partidista. La diferencia es que ambos son grandes juristas que no se sienten prisioneros de ninguna ideología, sino que son fieles servidores públicos y excelentes juristas. El camino fácil es mostrarse servil con el poder y forzar las interpretaciones para complacerle. No me importa que sea el PSOE o el PP, porque el TC o el CGPJ ni pueden ni deben ser marionetas al servicio de La Moncloa o de la sede del principal partido de la oposición. La incapacidad de alcanzar acuerdos es un escándalo, pero no hay un único culpable.

El Poder Judicial y la Universidad están llenos de extraordinarios juristas, como Aragón o Roca, que podrían ser designados para renovar los órganos constitucionales cumpliendo el espíritu de nuestra Carta Magna. Estas dos instituciones no tienen funciones políticas, sino jurídicas. Lo que ha sucedido con el paso del tiempo es que se ha pervertido, desgraciadamente, su papel en lugar de fortalecerlas. El espectáculo de politización que estamos ofreciendo es perjudicial y nos sitúa entre lo que antaño se conocía coloquialmente como un país bananero. La despolitización es una urgencia ineludible, porque hay que acabar con las puertas giratorias en la judicatura. El mérito y la capacidad tienen que prevalecer sobre el cumplimiento de los requisitos formales de acceso a los cargos institucionales. No se puede gobernar a golpe de real decreto o soslayar los informes preceptivos buscando atajos. La política de nombramientos de directores generales para no elegirlos entre funcionarios, convirtiendo la excepción en la norma, es otro escándalo. La Constitución hay que cumplirla en el fondo y en la forma, en su espíritu y en su literalidad, pero sin que algunos políticos se conviertan en sus intérpretes para utilizarla como arma arrojadiza contra sus rivales. Una gran democracia es aquella en la que los miembros del CGPJ, el Constitucional, el Supremo… no tienen etiquetas y no son protagonistas de la vida política. La anomalía española es que las tienen y lo son.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).