Objetivo 24-D: el Gobierno busca desatascar las leyes conflictivas antes de Navidad

Quedan dos semanas de vértigo en las Cortes, donde el PSOE busca dar luz verde a su agenda legislativa para centrarse en las autonómicas y municipales y los morados poder saldar la cuenta con sus votantes

Con los últimos presupuestos de la legislatura aprobados, el Gobierno ha encargado al Congreso un esfuerzo extra antes de que termine el año. A la legislatura le queda un año de vida, pero hay que restar los meses de enero, julio y agosto, que son meses inhábiles, y semanas sin pleno cómo puede ser Semana Santa. A este apretado calendario se le unen las elecciones autonómicas y municipales, que también influirán en el ritmo de trabajo legislativo en las Cortes Generales, sumado a la presidencia europea que corresponde a España para el último semestre del año. Es por ello que el Ejecutivo quiere tener listas las leyes más polémicas y más difíciles de digerir para el electorado o que causan más choques con sus socios lo antes posible.

La supresión exprés de la sedición -antes de final de año- es el ejemplo más claro, con el fin de que el aligeramiento de las penas para los condenados por el procés no aleje al electorado. Una reforma legal que viene acompañado de un polémico cambio en el delito de malversación, que puede generar un choque en el bloque de la izquierda porque hay quien está a favor (PSOE y ERC) y quien está en contra (Podemos, que ha arrastrado también a Yolanda Díaz, cuyo sector afín se había mostrado más a favor). Otras leyes como la ley trans, vivienda, ley mordaza o protección animal también están en la casilla de salida tras meses de bloqueo, con el fin de buscar encaje definitivo inmediato para desatascar las crisis con Podemos y los aliados parlamentarios. Es, de hecho, prioridad para Moncloa, según fuentes gubernamentales. El Congreso ha preparado una agenda de vértigo a partir de la semana que viene, pero los plazos son cortos.

Quedan solo dos semanas de pleno hasta finales de año, debido al macropuente de la Constitución y la Inmaculada. Moncloa quiere llevar al pleno del 15 de diciembre el decreto sobre las hipotecas, junto a la ley del aborto. La ley de bienestar animal podría estar lista entre el 15 y el 22 de diciembre y la ley trans podría ir a pleno la semana del 22, según aseguró el portavoz del PSOE, Patxi López la pasada semana, justificando el retraso que hasta ahora han sufrido estas leyes por “haber muchas negociaciones abiertas a la vez”. El objetivo es que todas estas se aprueben y lleguen al Senado para 2023.

Las leyes

Los avances en estas leyes, sin embargo, aún son inapreciables y en los grupos parlamentarios reconocen que la negociación será contra reloj. La ley trans espera a la comisión de Igualdad del 12 de diciembre. Los socialistas mantendrán vivas sus enmiendas hasta el final y la ley podría correr riesgo si PSOE o Unidas Podemos no cede en lo relativo a la autodeterminación para la infancia trans. La solvencia jurídica de la ley es lo que ocupa al PSOE en el Congreso en estos momentos, mientras que los morados advierten que no permitirán recortes en la ley.

El anteproyecto de vivienda se complicó por las enmiendas de los morados una vez que saliera del Consejo de Ministros. Ambas partes reconocen que buscan el punto de encuentro para atajar los desahucios sin alternativa habitacional y regular el precio de los alquileres en zonas tensionadas (Bildu, por ejemplo, hace mucho énfasis en que los límites de precios se apliquen tanto a grandes tenedores como a pequeños por la realidad habitacional del País Vasco). La ley de bienestar animal solo saldrá si los morados aceptan sacar a los perros de caza de la legislación, como quiere el PSOE.

La ley mordaza, tras un larguísimo periplo por el Congreso (lleva desde finales de 2019, impulsada por el PNV como proposición de ley), también sigue atascada y quedan aún elementos conflictivos por acordar para que sea aprobada: ahí destacan el uso de las balas de goma de la policía (aunque también cabe decir que donde gobiernan los socios de Sánchez, en el País Vasco y Cataluña, su uso ya está bastante restringido) y las “devoluciones en caliente” (rechazo en frontera de los migrantes que intenten entrar en España), muy de actualidad con la tragedia de Melilla (en ERC dan por seguro que se derogará, aunque el PSOE siempre ha sido escéptico y optará, previsiblemente, por suavizar esa disposición).

Además, también queda para este mes de diciembre (así está comprometido con Bruselas) el segundo paquete de reforma de las pensiones, que se le está poniendo muy cuesta arriba a José Luis Escrivá tras plantear una ampliación del periodo de cálculo de 25 a 30 años. El ministro se ha quedado, por ahora, sin el respaldo de Podemos ni de sus socios habituales de la izquierda.

Y la agenda de Yolanda Díaz también se dirime este mes: por un lado, están las medidas para contener el alza de los precios de los alimentos, que debe negociar con el PSOE; y, por otro lado, el aumento del SMI, que debe negociar tanto con el PSOE como con los agentes sociales y el desenlace parece por ahora muy incierto.

Durante la legislatura, el Ejecutivo y el Congreso han aprobado 84 leyes en total y el Gobierno aspira a acelerar el balance legislativo para llegar a las próximas generales con dos cosas: por un lado, evitar generar la percepción de que ha sido un Gobierno débil y caótico, con poca actividad legislativa (este 2022 va a concluir como el año que más leyes ha conseguido aprobar Sánchez desde 2018); y, por otro lado, poder proyectar éxitos de cara a la izquierda, con reformas y leyes icónicas en materia económica y social.