Los jueces sobre la reforma del Código Penal: “legislar para el interés general ha muerto”

Tanto la reforma del delito de sedición como las enmiendas presentadas este viernes por PSOE y Podemos para garantizar los nombramientos del Tribunal Constitucional y para modificar el delito de malversación tiene consecuencias directas sobre los jueces que deben aplicar la ley. Todas las asociaciones judiciales se muestran contrarias al cambio en la forma de perseguir la corrupción porque consideran que no era necesario y que puede expandir sentir social de que los políticos están más impunes. Sobre la modificación de la mayoría de tres quintos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para designar a los magistrados al Constitucional, las opiniones tienen más matices porque algunos culpan del bloqueo institucional a los vocales, aunque todos advierten del peligro que supone que conservadores y progresistas no tengan que negociar para llegar a un acuerdo.

“Es una reforma hecha a la medida para exculpar a los del procés”, afirma María Jesús del Barco, decana de los juzgados de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que es la mayoritaria en la carrera. “Lo mejor es que se haga una reforma que diga que los del procés no han cometido ningún delito y ya está”, ironiza. Si ya con la despenalización de la sedición (PSOE y Podemos van a eliminar este término y a convertirlo en uno de desórdenes públicos agravados) el Tribunal Supremo iba a tener que revisar la sentencia sobre los líderes independentistas, el hecho de que además se toque la malversación supondrá una revisión total de la condena que fue, precisamente, por sedición en concurso medial con malversación por idear el referéndum del 1 de octubre en Cataluña.

“Yo creo que rebajar las penas al funcionario público o al político lo que genera es una sensación de impunidad”, recalca la decana. Coincide con ella el portavoz de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo: “Una rebaja de las penas de los delitos de corrupción manda un mensaje equivocado a la sociedad”. Incluso, la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JyJpD) no ve la modificación con buenos ojos. “Creemos que es innecesaria porque no puede haber ninguna concesión a la corrupción y lo procedente es mantener la regulación como está”, señala el magistrado Edmundo Rodríguez en declaraciones a este periódico.

Los consultados no entienden que haya distinciones en las penas del que malversa para enriquecerse o el que lo hace para cualquier otro fin. “En los delitos de malversación no hay unos buenos y otros malos. Lo que hacen es desviar dinero. Esta distinción entre si robo para mí o lo hago para otros... Si robo un coche da igual que sea para mí o que te lo dé a ti”, ejemplifica del Barco. “Plantear el debate en esos términos es desnaturalizar la malversación”, opina Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. “Si ponemos el foco en que no se ha beneficiado personalmente estamos desviando la atención”.

En la enmienda presentada por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) la idea es que en los años de cárcel no cuente igual meterse en el bolsillo el dinero de la Administración que lo que se conoce como “administración desleal”, es decir, gestionarlo mal y llevarlo a otros fines, por ejemplo, a la compra de urnas. “Pero es que la administración desleal lo que no se puede hacer es desvincularlo de la corrupción”, dice Fernández Vaquero.

La reforma para garantizar el Constitucional progresista

“Esto nos parece especialmente grave”, explica el juez sobre el cambio en las mayorías del CGPJ necesario para los nombramientos de magistrados al tribunal de Garantías. “Siempre se ha dicho que las leyes son normas generales, abstractas. Vemos que eso ha muerto en España porque se legisla para situaciones específicas y buscando situaciones particulares”, remarca.

Desde su asociación tampoco ven bien que los vocales conservadores estén bloqueando el nombramiento, “eso es otra gota más”, aclaran, pero dicen que “lo que estamos viendo es que si el interés coyuntural del Gobierno no se ve satisfecho porque existe una actuación de otros órganos constitucionales que no están actuando como el Gobierno quiere, pues a través del Parlamento se salta ese límite”.

Eliminar los contrapesos institucionales, dicen la mayoría de los consultados, supone un “gravísimo riesgo” para la carrera. “Cuando se introdujo en la ley la necesidad de que los vocales alcanzaran mayorías de tres quintos se hizo con la intención de evitar el rodillo que deriva de los bloques ideológicos obligados a que unos y otros negocien garantizando un perfil técnico y profesional en los magistrados”, señala Portillo. “No puede ser que reformar la ley se haga precisamente para facilitar los rodillos”.

Además, de que algunos ven “dudoso” que este retoque del Código Penal quepa en los márgenes de la Constitución. Pero, ironizan, si al Tribunal que lo revisa solo van los magistrados que ha elegido el Ejecutivo, “a partir de ahora cualquier Gobierno puede hacer lo que quiera”.

Y sobre la responsabilidad penal de los vocales que se rebelen: “Lo de ya amenazar con que van a incurrir en delito... que ya se esté amenazando a los vocales. Hombre, vamos a ver, que lleva Europa años pidiendo que se cambie la Ley Orgánica para darnos a los jueces la potestad de nombrar a los vocales y nadie ha incurrido en ninguna sanción”, reseña del Barco.

No obstante, dentro de la carrera también se ven tachas en el comportamiento de los ocho miembros del Consejo que no logran llegar a un consenso sobre el nombre del candidato al Constitucional y ahí colocan la responsabilidad. “Ahora mismo están incumpliendo los vocales y lo que se propone es una solución a ese claro incumplimiento”, dicen en Jueces y Juezas para la Democracia.