Sí, hay solución

Hace unas semanas me emplacé ante ustedes para intentar responder a una pregunta que muchos nos hacemos: ¿tiene solución la crisis institucional que padecemos?, crisis que, ya adelanto, afecta a buena parte de lo que es la sustancia del régimen constitucional. De atenernos a lo más último esa crisis se manifiesta en un Consejo General del Poder Judicial que enfila su quinto año bloqueado, limitado competencialmente y sin que hoy, al menos yo, sepa responder con tino a la pregunta de por qué no se renueva.

No había empezado a responderme cuando pensé que ya nos valdría si no vamos a peor, porque ir a peor es seguir socavando los cimientos del Estado constitucional abriendo otros frentes como, por ejemplo, si las señas de identidad de la función pública dejan de ser el mérito, la capacidad y la neutralidad y lo progresista es volver al siglo XIX con sus cesantías, el spoil system o, aderezado con apetencias territoriales, volver al caciquismo. Pero eso, de momento, es otra historia.

En estas estaba cuando el PP ha presentado una proposición de ley para despolitizar la Justicia y su gobierno. Es positivo, pero no deja de ser contradictorio cuando lleva años haciendo de la Justicia un elemento más de lucha política. Más que convicción veo tactismo pues –esto siempre le acompañará– tuvo dos mayorías absolutas para hacer lo que ahora propone. Y no lo hizo. Pero la proposición está ahí, es un paso en la buena dirección, aunque suscita más preguntas: para que saliese adelante, ¿en qué cedería?; de no salir y tener algún día mayoría parlamentaria, ¿mantendrá su proyecto? y, de nuevo, ¿cedería algo en aras de un consenso?; y, en fin, si no sale ¿qué plan tiene hoy y ahora?, ¿seguir bloqueados?

Otro capítulo de esta crisis ha sido la renovación del Tribunal Constitucional que se ha retrasado unos meses y visto su resultado tampoco acierto a entender por qué, una crisis mini en lo temporal pero mayúscula en lo sustancial y aquí empieza a manifestarse nuestro drama. Concebido no como faro neutral y respetado que vela por la observancia del orden constitucional, ese órgano se erige para los partidos en una instancia donde la lucha política continúa con unos contendientes togados, lenguaje jurídico y formas judiciales, un combate en el que pesa no tanto la sabiduría o prestigio de sus miembros, sino cuántos tienen ellos y cuántos yo, luego quién tiene mayoría.

Si a esa degeneración se añade el componente ideológico, se explica que el «progresismo» propague que, por fin, hay un Tribunal Constitucional digno de tal nombre, que ya está a salvo la Constitución y todo porque tiene mayoría. De nuevo saca a relucir su concepción totalitaria, sectaria, del poder y del Estado, esa que le lleva a creerse que sólo hay orden en el universo si controla el cosmos, de no ser así será una anomalía cósmica que habrá que rectificar, empezando por desacreditar a ese Tribunal si lo ve fuera de su orden cósmico.

Y la búsqueda de respuestas a mi pregunta me lleva a que la cuestión no son las crisis periódicas en la renovación de los órganos constitucionales, porque no deja de ser un fiebrón que nos alerta de la enfermedad: la del Estado del Derecho. Bien descrita en los manuales de la historia y de la ciencia política, aparece cuando el gobernante erigido en alfarero concibe el ordenamiento jurídico como arcilla que moldea a su gusto, no como límite al poder y garantía de los ciudadanos.

Quizás para salir de esta crisis institucional tengamos que enmarañarnos en reformas como la propuesta del PP, no la rechazo pero tengo prevención porque o las carga el Diablo o resultan lampedusianas, de ahí que llevado de mi natural candidez a estas alturas apueste –quizás– por un imposible: por un cambio de mentalidad, de cultura constitucional, de grandeza de miras y si esto no es posible prescribo una dosis de regeneracionismo: tal vez haya que sustituir a la presente generación de políticos y hacer votos para que, regenerada, llegue otra con idea de servicio, no de profesionales de la política.

Vuelvo a la pregunta inicial y me respondo a mí mismo: la crisis institucional tiene solución, y la tiene sin exigir grandes reformas. Bastaría con tomarnos en serio la Constitución, respetarla, hacer bien las cosas, luego que los partidos –pues hay partitocracia– respetasen el sentido y función de las instituciones. Admito que mi respuesta sea tildada de regeneracionismo inocente, candoroso, y que deje en evidencia mi nulidad para la política entendida como arte de lo posible, no de lo deseable. Con todo, no es un imposible que las cosas sean como deben ser: así fue en su origen el régimen constitucional que aún sobrevive, un regeneracionismo que coincide con lo que exige la Unión Europea.

José Luis Requero es magistrado.