¿Y ahora qué?

En medio de la tragedia que vive España, el Estado de Derecho y la Justicia, consuela que, por fin, los jueces ya no estemos solos. Durante demasiados años en soledad denunciábamos las consecuencias de que una poderosa izquierda ideológica y política no creyese en la independencia judicial. Ahora consuela este despertar general de la ciudadanía, que asociaciones, colegios profesionales, cuerpos funcionariales, entidades cívicas, etc., por fin, hayan caído en la cuenta de la amenaza.

Me dirán que hasta ahora no había motivo para temer porque no estábamos en manos de quienes integran, dicho con bondad, la actual clase política dirigente; sin negarlo, sí sostengo que lo que se va haciendo realidad ya estaba incoado. Vivimos la natural evolución del nacionalismo y de la izquierda hispana, y las biografías de ambos cuentan con sonados méritos como traicionar el pacto constitucional en cuanto al Poder Judicial, añadido a intentos de golpe de Estado, haber propiciado una guerra civil o practicar el terrorismo de Estado, entre otras gestas.

No comentaré qué significan los pactos de investidura para el Estado de Derecho, sólo intentaré responder a una pregunta: a partir de ahora ¿qué va a pasar con la Justicia? Pues nada que no estuviese ya escrito en la historia de nuestra Justicia para deducir unas respuestas que nunca han ocultado sus enemigos: unos independentistas que siempre han aspirado a tener su propio poder judicial y una izquierda que siempre ha querido dominarla.

Intuyo que se desmembrará el Poder Judicial. Lo intentó el estatuto catalán al prever el equivalente al Consejo General del Poder Judicial. Aquello lo paró el entonces Tribunal Constitucional, el actual dirá que lo constitucional es entregar la Justicia al estado asociado catalán porque –concluirá– España no es un estado autonómico sino plurinacional en el que cabe un conglomerado de estados asociados. Se verá entonces lo que supone que una mano regional controle Justicia, Fiscalía, Hacienda, Policía, Inspecciones varias, medios de comunicación, etc. Garantizada la impunidad, la antigua Comunidad Autónoma de Cataluña dará paso al Cacicato de Cataluña, forma política de castiza raigambre hispana.

Y para el resto ¿qué pasará? De momento cabe presagiar que se consumará otra tropelía en la conquista del Poder Judicial: que para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial sus miembros ya no sean elegidos por mayoría parlamentaria de tres quintos sino por mayoría absoluta. ¿Eso es constitucional?, evidentemente no, pero ya dirá el Tribunal Constitucional que lo es. Eliminada la exigencia constitucional de los tres quintos, los partidos del pacto de investidura colonizarán el gobierno judicial y ante sí tendrán el festín de una Justicia repleta de vacantes en el Tribunal Supremo y en el resto de altos cargos judiciales. Un festín facilitado por el Partido Popular a base de bloquear la renovación del Consejo y es que si su actitud hacia la Justicia ha bailado entre la indiferencia y la incomprensión, ahora no sé si lo suyo es malicia o estulticia.

Colonizado el Consejo, aparte de ese botín, la mayoría de investidura tendrá en sus manos dos poderosísimas armas. Una, la selección de jueces para satisfacer un objetivo soñado: acabar con las oposiciones y primar en los futuros jueces, no el saber jurídico, sino la mediocridad y la ideología; la segunda: ejercer un poder disciplinario que, unido al lawfare pactado, acabe eliminando jueces desafectos. ¿Qué supondrá esto para el Estado de Derecho y para todos ustedes?, pues basta fijarse en lo que ya es un Tribunal Constitucional y una Fiscalía General del Estado apesebrados.

El nuevo horizonte jurídico lo marcó Puigdemont tras el pacto de investidura: «No hay otro límite que la voluntad del pueblo catalán»; luego se ha pactado enterrar a la Constitución, que el poder político se ejerza sin límite jurídico alguno. Comprendo el escándalo y la depresión de tantos juristas, en especial constitucionalistas, al ver que unos chisgarabises han fulminado esa Constitución que centraba su vida profesional y que es, para el resto de los ciudadanos, la garantía de vivir en libertad.

Llegados a esto, la pregunta que recorre acaloradas discusiones es qué se puede hacer y las ideas llueven: que los máximos responsables judiciales estén a la altura de una responsabilidad histórica y que las enérgicas declaraciones equivale a defenderse con tirachinas; habrá que pelear la baza de la Unión Europea, jurídica y políticamente; quizás que los cuatro jueces no gubernamentales del Tribunal Constitucional se vayan y dejen de ser figurantes en ese decorado de cartón piedra en forma de tribunal; que la Judicatura –que nunca ha sido corporativista– ahora se una para defenderse y que las asociaciones judiciales y los jueces no participen en una renovación fraudulenta que lleve a un Consejo ilegítimo y, en fin, que el ciudadano, la sociedad civil, vea el peligro, que entre en un sano pánico, no paralizante sino sensato, racional y, sobre todo, activo.

José Luis Requeroes magistrado.