A un año de la «carta a la ciudadanía» 

Ayer se cumplió el primer aniversario de un acontecimiento hasta entonces desconocido en nuestra democracia : el retiro de un presidente del gobierno a meditar durante cinco días si continuaba o no al frente del gobierno. El motivo había sido hacerse pública una investigación judicial a su mujer por presuntas irregularidades susceptibles de ser consideradas como de corrupción. En su misiva, Sánchez introdujo en el debate político algunos términos como el de los «bulos» y el «fango»… que consideró propios de la ultraderecha, y que hoy ya forman parte de la terminología al uso. Para culminar aquel montaje acudió a la Zarzuela no para comunicarle al Rey que su decisión era la de dimitir, sino para comunicarle que había decidido continuar residiendo en la Moncloa y volar en el Falcon de Coruña a Santiago y viceversa. Ello, por supuesto, como un sacrificio de su persona por el interés general de España y el bien común de los españoles. El año transcurrido permite ya establecer algunas conclusiones al respecto. De entrada, hay una que resulta tan evidente como lamentable: sentar el precedente de que un dirigente político pueda abdicar temporalmente de su responsabilidad pública sin mediar fuerza mayor alguna que lo justifique. Con similar argumento, cualquier otro tras él podría «retirarse» durante un mes (por ejemplo) para reflexionar acerca de su futuro político personal, lo que no está previsto ni en nuestro ordenamiento jurídico ni en nuestro código de ética pública no escrito pero sí asumido tácitamente (al menos hasta ahora). Otra conclusión es que todo fue un montaje para generar un clima de incertidumbre entre los sanchistas que los impulsara a un cierre de filas en torno a él. Además de evitar dar las explicaciones que el caso requería dada su trascendencia política y diseñar tranquilamente una estrategia de comunicación donde esa terminología unida a la «fachosfera» le eximiera de toda aclaración y responsabilidad. Lo sucedido desde entonces con la investigación judicial a Begoña Gómez por cinco presuntos delitos, además de a su hermano y a «su» Fiscal General, con la evolución de la trama «Ábalos» -al que después de cesarlo le volvió a incluir como candidato al Congreso y presidente de la Comisión de Interior-, culmina un escenario de degradación democrática sin precedentes. Eso de la mano de una coalición social comunista y secesionista, pero muy «progresista y feminista» que llegó al gobierno hace siete años para garantizar «la calidad de nuestra democracia en riesgo por la corrupción del PP». Y que ahora gobierna sin Presupuestos y con un plan para la Defensa ni siquiera aprobado por el Congreso.