Atento a la pantalla

Por favor, alguien que esté leyendo estas líneas iniciales ¿me podría informar qué impide ya, ahora, renovar el Consejo General del Poder Judicial? Lo pregunto desde un mirador teóricamente privilegiado -el Tribunal Supremo- y principal damnificado por este desbarajuste, por este estropicio, palabra que ha hecho fortuna para describir la situación. Porque no me negarán que es un estropicio un gobierno judicial que no puede gobernar, paralizado desde hace cinco años.

Ni en el Tribunal Supremo ni en nuestro vecindario -somos vecinos del propio Consejo- ni entre nuestros vecinos -ahí están las asociaciones judiciales- encuentro respuesta. Voy a los mentideros mediáticos donde oigo y leo que todo está pendiente de que se designe un mediador europeo, un amigable componedor que, al parecer, pactaron socialistas y populares a iniciativa de estos. Extraña iniciativa. Que yo sepa la Constitución ya prevé un mediador: el Rey, quien, entre otras competencias, modera el funcionamiento regular de las instituciones. Aunque, lo admito, no está el horno para meter ahí al Jefe del Estado y que desatasque un asunto de alto voltaje político.

Excluido el Jefe del Estado la solución sería bastante sencilla: puesto que a día de hoy son las Cortes Generales quienes nombran a los miembros del Consejo, bastaría que los presidentes de ambas Cámaras pusiesen en marcha el proceso de renovación. Pero, lo entiendo, si el Rey no está para estos tutes, menos quienes ni, de lejos, están apoderados por sus partidos para echar ese balón a rodar. Son unos mandados. Así que habrá que esperar que de Europa llegue el sucedáneo del duque de Angulema, ese que los conservadores ven como un vástago bicentenario de aquellos Cien Mil Hijos de San Luis.

Ese moderador -si es designado- encontrará un panorama enrocado. Los conservadores exigen primero reformar la ley para que los jueces elijamos a 12 de los 20 miembros de Consejo; y si no se da ese paso exigen, creo, el compromiso de renovar por el actual sistema y, a la vez, iniciar esa reforma legal que permitiría volver al sistema originario. Un planteamiento que rezuma tactismo: imponer condiciones inasumibles para socialistas con ánimo de seguir atascados hasta que la legislatura colapse. O rezuma candidez porque jamás ni el socialismo ni sus allegados consentirán volver al sistema netamente constitucional de 1980, liquidado en 1985; y porque pedirles atenerse a lo pactado es de una candidez insultante. Aparte de que está por ver que la legislatura colapse y ganen unas eventuales elecciones.

Paradigma de este enquistamiento es lo que leo en un diario digital pro-progresista. Afirma un tal Carratalá que ese sistema originario es inconstitucional, afirmación que procede o de la ignorancia, o de la malicia, o es un fallo informático porque no descarto que esa firma no sea de persona real, ni siquiera un seudónimo, sino un patinazo de la inteligencia artificial o un bot. Pero acepto el punto de partida, lo que me lleva a preguntar por qué el actual sistema no satisface a todos, un sistema intermedio creado en 2001 que permite que los jueces elijamos 36 precandidatos y las Cortes saquen de ahí a los 12 vocales judiciales.

Teóricamente con ese sistema todos contentos: permite la participación judicial y que las Cortes tengan la última palabra. Por ese sistema fui designado vocal en 2001. Pero lo que teóricamente era atendible pronto mostró que las cartas están marcadas y que los grupos parlamentarios, o no eligen a los más votados por los jueces, o introducen a sus candidatos que, vaya casualidad, son los nombrados, y todo ello con la participación de una judicatura que muerde el anzuelo y se deja liar en un sistema enviciado. Es más, una judicatura que concurre a un proceso electoral en el que un juez sólo puede votar a los candidatos de su asociación, como si de partidos se tratase, con listas cerradas y un no asociado no puede votar a los asociados.

Insisto ¿qué impide renovar ya?; aun metidos en el juego de naipes a que ha dado lugar la perversión en la que estamos instalados, ¿qué impide que socialistas y allegados elijan 10 vocales, los populares otros 10 y haya acuerdo para nombrar a un presidente que sea, sencillamente, persona de Estado, no de partido? Pues sigo sin saberlo. Sin información y bastante harto me mantengo atento a la pantalla y veo que unos no saben lo que quieren. Otros vaya si lo saben: se han conjurado para enterrar el sistema constitucional. Siguiendo sus instintos políticos más bajos, aborrecen una Constitución que identifican con una democracia liberal. Optan por el modelo Largo Caballero y el de aquella casposa prensa que voceaba lo de «muera la República Parlamentaria», «odio a muerte a la burguesía criminal», pero con un matiz: ahora con el tufillo dulzón, estupefaciente y bolivariano del Grupo de Puebla.