A Isabel Díaz Ayuso la he visto muchas veces en mi vida y cada vez que me topo con ella, mejor me cae y más alto concepto tengo de la persona y el personaje. Con ella se rompió un asqueroso estereotipo: el que sostenía y aún sostiene que la izquierda siempre tiene razón, que hay que rogarles perdón hasta por respirar y que moralmente constituyen una raza superior, una suerte de arios en principios y valores. Con su novio, Alberto González Amador, no he coincidido jamás. Desconozco si es simpático o antipático; alto, bajo o del montón; si milita en la verdad futbolística, el Madrid, o es seguidor del Atleti o el Rayo. Su rostro lo conocí cuando esta panda de gánsteres que nos gobierna reveló delictivamente su intimidad fiscal y su voz el día 2 del juicio a Álvaro García Ortiz, el consigliere de nuestro Totó Riina particular, Pedro Sánchez. Concretamente cuando pronunció su ya celebérrimo «o me voy de España o me suicido». Pocas veces contemplé una cacería semejante. Lo han flagelado a modo y manera transgrediendo la Ley General Tributaria y el Código Penal. Uno pensaba que la razzia contra quien hasta hace año y medio era un ciudadano anónimo periclitaría cuando sentaron en el banquillo al capo de la Fiscalía General. Craso error. Ahí continúan linchándolo con la diabólica saña que exhibe el Ejército Islámico con los infieles. Lo más preocupante de todo democráticamente hablando no es que se le impute un delito fiscal. No. Si ha defraudado debe apechugar como todo quisqui que incumple sus obligaciones con Hacienda. Que para eso los demás pagamos religiosamente cada 30 de junio. Lo verdaderamente alarmante civilmente hablando es que el contencioso no haya concluido con el reintegro satisfecho hace casi dos años de la cantidad distraída al fisco más la sanción correspondiente: 550.000 del ala en total. Lo normal con cualquier contribuyente al que pillan en un renuncio. Que esto es un posmoderno Caso Dreyfus lo demuestra, más allá de toda duda razonable, que le han imputado y por ¡¡¡6 delitos!!!: fraude fiscal, falsedad documental, delito contable continuado, corrupción en los negocios, administración desleal y, ojo al dato, pertenencia a organización criminal, que es lo que habitualmente se atribuye a terroristas, narcos y grupos políticos corrompidos hasta los tuétanos. Ilícitos penales que en su banda más alta sumarían tres lustros de cárcel. Cuatro de ellos se los endosan la Fiscalía y la Abogacía del Estado en la pieza principal y en la separada y esos mismos cuatro más corrupción en los negocios y administración desleal son cosa de dos honradísimos partidos, el Más Madrid del agresor sexual Íñigo Errejón y el PSOE del marido de la pentaimputada Begoña Gómez y Santos Cerdán. A cualquier otro ciudadano en idéntica situación, 350.000 euros defraudados más 200.000 de multa, se le haría pasar por caja y en el más negro de los escenarios le caerían entre 6 meses y un año de cárcel. A este Gobierno, y no digamos ya a la ministra del ramo, María Jesús Montero, les importa un bledo recuperar el dinero distraído a las arcas públicas. Lo que buscan es que el novísimo se pase en Soto del Real más tiempo que muchos terroristas, que la mayoría de los violadores y pederastas y notablemente más que el 80% de los homicidas patrios. Por cierto: acojona literalmente lo que escuchamos anteayer en el Supremo de boca de una asociación de fiscales: García Ortiz lo quería detener. Esto se parece cada día más a la Rusia de Putin, a la Venezuela de Maduro y a la Cuba de los Castro.