Del bloqueo a la disolución

Ante todo, un deber de justicia. En mi anterior tribuna dije que SUMAR carecía de programa sobre Justicia. Falso. Programa había, pero cuando escribí eso no lo encontré. Días después di con él. Ofrece propuestas comunes a otros partidos –más eficacia, digitalización, plan de choque, medios alternativos de resolución de conflictos, etc.–; los tópicos de la izquierda –recelo hacia las oposiciones, hacia la Audiencia Nacional, silencio sobre el Consejo General del Poder Judicial– y otras propuestas interesantes sobre oficina judicial o que no basta con el «simple incremento» de jueces, etc. En fin, dejo constancia de mi particular injusticia con ese partido.

Dicho esto, ahora ¿qué? Ya conocemos el resultado de las elecciones y en el patio judicial lo primero que se plantea es qué hacemos con el Consejo General del Poder Judicial, con este Consejo, el que va para cinco años paralizado y ya vemos de qué le ha servido al PP bloquear su renovación. Les refresco la memoria: hablamos del órgano constitucional que gobierna la Justicia, que lleva sin renovar desde finales de 2018 y paralizado desde 2021, año en el que se aprobó una ley oportunista para que, mientras estuviese sin renovar, no hiciese nombramientos discrecionales.

Sigo refrescando memorias. Gracias a esa ley crecen las vacantes en el Tribunal Supremo, lo mismo que en las presidencias de las altas instancias gubernativas judiciales. Y un último refresco: esa reforma fue impugnada ante el Tribunal Constitucional que en estos años no ha encontrado un hueco para pronunciarse sobre una ley que inutiliza a todo un órgano constitucional, que deja en cuadro al Tribunal Supremo, que ha arruinado las muy legítimas expectativas de progreso profesional a no pocos jueces y que –si algún día se renueva– implicará un desembarco masivo de nuevos jueces en el Tribunal Supremo comprometiendo la ordenada evolución de la jurisprudencia.

Vuelvo a la pregunta ¿y ahora qué? Todo apunta a que el bloqueo no sólo se mantiene, sino que puede generalizarse, pero dudo que se vaya a unas nuevas elecciones y entiendo que la próxima mayoría parlamentaria será muy semejante a la actual; no sé qué calendario manejará pero, sea cual sea, como primera medida debe procederse al piadoso entierro de este cadáver que es un Consejo mantenido artificialmente con vida hasta el punto de llevar camino de doblar su mandato, un Consejo terminal, víctima del encarnizamiento político gracias a esa mezcla de interés de los principales partidos por su control y desinterés por las necesidades de la Justicia.

Como desde hace unos siete años pienso en lo peor, y acierto, dudo que el PP mantenga su bloqueo tras reeditarse la mayoría parlamentaria de la anterior legislatura; de hacerlo intuyo que se daría el paso para que el Consejo deje de nombrarse por mayoría de 2/3 de las Cámaras para serlo por mayoría absoluta. ¿Qué lo impide?, ¿la Constitución?, qué más da ¿acaso no hay un Tribunal Constitucional dispuesto a reescribirla?, ¿que Europa exige cambios en el sistema de nombramiento del Consejo?, pues por exigir que no quede ¿acaso ha cambiado algo desde que lo viene exigiendo?

Eso en cuanto a la renovación del Consejo y seguro que a la vuelta del verano se desatascará. Y luego viene la «política judicial». Con un futuro gobierno en manos, no ya de independentistas, sino de filoterroristas, secesionistas y prófugos, parte de la paz territorial consistirá en reconvertir a España en una suerte de federación, que cuaje en estados cuasindependientes; ¿eso es constitucional?, no, pero ahí estará al quite el Tribunal Constitucional. Será el sueño zapateril hecho realidad, que para eso llegó, no sin ayuda, al poder.

Con ese planteamiento se darán pasos que satisfagan a un independentismo que se frota las manos viendo que se acerca a un objetivo hasta ahora inalcanzado: tener su propio Poder Judicial, su propia Fiscalía. En ese negocio de cesiones para retener el poder ¿acaso no es buena contrapartida entregar la Justicia, una parte mollar del Estado que apenas interesa a los ciudadanos pero incordia a esos decisivos aliados parlamentarios?, su ganancia no es poca porque ¿quién hablará de corrupción, quien molestará a esos neocaciques cuando tengan su Justicia, su Fiscalía, su policía, su prensa, su inspección tributaria… su paraíso?

Vuelvo al hoy. Sorprende cómo se ha podido causar tanto daño por unos y otros, pero sorprende aún más que no pase nada, que ese daño se mantenga gracias a una indiferencia generalizada que lleva a la nostalgia de ver que en otros países –Polonia o Israel– la gente se manifiesta contra los intentos de control de la Justicia. ¿Qué nos pasa a los españoles? No sé, supongo que bastante cuesta llegar a fin de mes como para pensar en la Justicia «menudo lío», –que diría Rajoy–, pero, créanme, no son problemas que afecten planetas distintos de distintos sistemas solares y distintas galaxias.

José Luis Requeroes magistrado.