Si no hubiera un procedimiento judicial abierto, jamás habríamos conocido la información que se nos va revelando sobre la DANA que azotó Valencia el pasado 29 de octubre. La experiencia nos dice que las comisiones parlamentarias son un buen abono para que los políticos multipliquen las mentiras con las que habitualmente se dirigen a nosotros. Solo por eso hay que dar gracias porque una juez esté intentando depurar la verdad de entre tanta mentira.

Menos satisfacción produce escuchar a los expertos decir que será difícil atribuir responsabilidad penal a los políticos por lo que hicieron o dejaron de hacer durante aquellas horas trágicas. Poco importa que, al unir las piezas que vamos conociendo, solo con el sentido común podamos llegar a la conclusión de que hubo descoordinación entre Administraciones y de que primó la estrategia política, por parte de la Generalitat y del Gobierno de Sánchez, por encima del interés de los valencianos. O que la Generalitat ignoró las advertencias sobre lo que podía pasar aquella tarde y Carlos Mazón sí estuvo desaparecido, aunque no quiera decirnos por qué no estaba en condiciones de atender la urgencia de la situación.

Ni al presidente de la Generalitat ni a la mayoría de los que, por acción u omisión, participaron de la gestión infame de la DANA se les ve preocupados por los efectos penales: sus expertos, pagados con dinero público, lo que les están diciendo es que pueden estar tranquilos porque un posible delito de omisión del deber de socorro, por cuanto implicaría un comportamiento doloso, una voluntad deliberada de no ayudar, no es fácil que prospere ante una catástrofe natural. Señor Mazón y compañía, estén ustedes tranquilos porque en derecho penal, cuando hay algo inevitable, no cabe responsabilidad. La jueza tendrá que probar que actuaron de manera negligente, pero también que esto fue un factor determinante para que se produjeran las muertes. “Y esta relación de causalidad es prácticamente imposible de demostrar en un escenario de desastre natural”, les susurran en el oído. Así que, sigan con sus mentiras, y duerman tranquilos, que, si hay alguna responsabilidad patrimonial que afrontar, el dinero ya saldrá de los bolsillos de todos los ciudadanos.

Puede que tengan razón, aunque, al tanto de los pormenores de lo que pasó el 29 de octubre, ellos saben mejor que nadie que la Justicia obligaría a que acaben en la cárcel quienes por irresponsabilidad, por ignorancia o por interés político no hicieron lo que tenían que hacer. Y ningún experto penal me podrá convencer de que lo contrario es hacer justicia.