El centralismo asimétrico de la izquierda

El proceso negociador de la investidura de Sánchez, aunque sea de momento un arcano, deja restos de información, sobre todo en el plano conceptual, tras los cuales se adivina un afán estatista y centralista exacerbado, aunque claramente asimétrico. Que el Estado se inmiscuya en todos los órdenes de la vida civil bajo una pretendida creación de nuevos derechos es una tendencia que se hace cada día más notoria e insoportable en la izquierda. Pero no es solo eso. También le ha llegado la hora a la organización autonómica de las instituciones públicas, pues bajo una apariencia de igualdad asoma ese mismo afán intervencionista del gobierno, en este caso travestido de armonización fiscal. Es lo que se ha manifestado en el llamado «impuesto a los ricos» que, según parece, va a encontrar el respaldo político del Tribunal Constitucional. Aclaremos que, en esto, el empleo del concepto de armonización oculta lo que no es sino una simple homogeneización que impone el mismo rasero a todas las Comunidades Autónomas, excepto naturalmente al País Vasco y Navarra en virtud de una interpretación asimétrica de su singularidad foral. Por cierto que los viejos del lugar recuerdan que, cuando el TC se pronunció hace muchos años sobre la LOAPA, dejó claro que la armonización no puede confundirse con la homogeneización y que, por tanto, el Estado no tiene derecho a imponer ésta socavando así la autonomía territorial. Pero ya se ve que, para la hueste liderada por Conde-Pumpido, eso son cosas de un pasado que han perdido su vigencia.

El caso es que ahora lo que se perfila en esto del estatalismo asimétrico va mucho más allá, pues de lo que se trata es de sujetar a las autonomías del régimen común mientras se otorga el oro y el moro a los independentistas de Cataluña, el País Vasco y Navarra, mencionándose con la boca pequeña a Galicia. Ya se ve que la Moncloa bien vale una misa y que sus monaguillos están dispuestos a repartir el vino de consagrar a los que presumen de nacionalidad y lengua. Lo malo nos lo vamos a llevar el resto de los españoles, pues la factura a pagar la tendrán que poner nuestros gobiernos autonómicos de segunda clase.