Un cese injustificable

La sentencia por unanimidad del Supremo por la destitución del coronel Pérez de los Cobos es un duro golpe a la arbitrariedad gubernamental. Lo razonable sería que fuera repuesto al frente de la comandancia de Madrid y ascendido a general en el próximo consejo de ministros. Marlaska es un magistrado, que temporalmente ha accedido a la condición de ministro, y sabe la importancia que tiene una sentencia por unanimidad de los jueces de lo contencioso-administrativo más prestigiosos de España. En algún momento dejará el ministerio y tendrá que regresar a la carrera judicial. No es lo mismo hacerlo con la cabeza alta, asumiendo que se equivocó, pero enmendando el desastre, o con el rechazo de sus compañeros por ignorar una sentencia del Supremo. No vale insistir en que se mantiene la «pérdida de confianza», salvo que incluya el legítimo derecho a defenderse ante una decisión arbitraria. Este pronunciamiento es muy importante, porque pone coto a los ceses discrecionales en Interior. La carrera de un alto mando de la Guardia Civil no puede estar condicionada por los intereses espurios del Poder Ejecutivo.

El Gobierno dirige la Administración General del Estado, pero lo tiene que hacer respetando la Constitución y el ordenamiento jurídico. No es el propietario temporal de una organización que está al servicio de los ciudadanos y no del capricho de un ministro o de los intereses partidistas de un gobierno. Cuando defendemos el imperio de la ley no es algo nominal, sino que es lo que nos configura como un Estado de Derecho. Los regímenes autoritarios tienen Constituciones, pero son cascarones vacíos al servicio de autócratas, y hacen referencia a derechos y libertades, pero no existen garantías para su ejercicio. Sus administraciones son instrumentos al servicio de esos regímenes y sus partidos. La diferencia en un Estado de Derecho es que nadie está por encima de la ley. Un ministro ni puede ni debe apartar a alguien de su puesto porque se ha negado a incumplir el deber de secreto impuesto por una magistrada en la instrucción de un procedimiento. Es algo que conoce muy bien Marlaska. Es evidente lo que hubiera hecho cuando era juez de instrucción ante una actuación arbitraria e ilegal de un ministro exigiendo a quien actúa como policía judicial que incumpliera su deber.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)