El último pleno del Congreso de los Diputados, el apellidado como escoba, se convirtió por méritos propios en el epítome de esta etapa luctuosa del sanchismo, atrincherado en Moncloa y en el propio Parlamento, reducido por la corrupción rampante que lo asfixia y también por su falta de una mayoría sólida y consistente para sacar adelante una acción legislativa que se precie de tal nombre. Como fue la pauta en este periodo tosco y tabernario provocado por un presidente ausente -puso un océano de por medio- que mantiene amordazado al país sin rendir cuentas ni asumir responsabilidades por un pliego de cargos sin parangón en democracia, la bronca fue el hilo musical de una jornada que supuso un punto y seguido, al menos de momento, en una administración que no está en condiciones de dirigir la nación como rubrican las más de cien derrotas que acumula en la Cámara Baja. En este sentido, lo de ayer fue especialmente revelador sobre la languideciente versión del sanchismo que provocó, de entrada, que dos de sus proyectos estrellas, la reforma Bolaños de la Justicia, y el de la reducción de la jornada laboral, de Yolanda Díaz, fueran retirados del orden del día para no ser pasto de la endémica orfandad plenaria del presidente. El Gobierno sabe que habrá de pasar por la caja de sus aliados habituales, especialmente de Junts y el PNV, si le interesa tanto como parece, para que tan nefastas iniciativas tengan opciones a la vuelta del verano. Las maltrechas circunstancias de Sánchez quedaron crudamente retratadas en el decreto antiapagones con el que Moncloa pensaba blanquear su catastrófico papel en la emergencia tercermundista. Una abrumadora mayoría de bloqueo a izquierda y derecha lo frustró y dejó en evidencia a una administración que se desempeña con ínfulas incomprensibles. En medio de la barahúnda, Sánchez siguió a lo suyo y maniobró alevosamente desde el consejo de ministros y el BOE con el reparto de menores inmigrantes como hecho consumado, contra el derecho a la información vía ley de secretos o el señalamiento de la comisaría de Vía Laietana como querían los separatistas. Nada que nos pueda sorprender, pese a todo. Incluido, por qué no, que se hubiera celebrado el último pleno de la Legislatura si el presidente se convence de que hay una oportunidad para obtener ventaja. La sesión escoba refrendó la dependencia mayúscula de un gobierno que no gobierna y que sobrevivirá siempre que satisfaga el chantaje correspondiente de todos aquellos que trabajan para sangrar al Estado y acabar con la España constitucional. Es un panorama endiablado que tiene como rehén a una ciudadanía a la que se le hurta su derecho a fiscalizar el poder, censurarlo o refrendarlo. Cuesta creer que no exista una ínfima expresión de decencia en ese bloque corrupto de poder y negocio que devuelva la voz arrebatada al pueblo.