A favor de la vida

Es posible –al menos esa es mi opinión– que la aprobación de la ley sobre la interrupción del embarazo plantee problemas que van más allá del cálculo meramente electoral.

En primer lugar, está la cuestión del consenso. Es cierto que el PSOE jamás va a aceptar un acuerdo en este punto. Por tanto, resulta absurdo aducir este hecho para no aprobar una reforma prometida en el programa electoral del Partido Popular. También es cierto, sin embargo, que la posición del PSOE, o su insolencia, responde a una mentalidad instalada en nuestras sociedades desde los años setenta. Es muy difícil cambiarla a corto plazo, a menos que se esté dispuesto a asumir costes políticos, y no sólo electorales, muy altos. Se trata, claro está, de un asunto de principios, pero por eso mismo las posiciones al respecto desbordan ampliamente las divisiones ideológicas y partidistas. El debate, como tantos otros, es más cultural y social que puramente político.

Por otra parte, lo que estaba ocurriendo con la práctica derivada de la ley de 1985 constituía un consenso un poco particular. La ley se incumplía casi sistemáticamente, lo que explica en parte la relativa facilidad con la que se cambió. Es muy probable que, de aprobarse la reforma, volveríamos a la misma situación. Esto vuelve a colocar todo el problema en su perspectiva, que es sobre todo social, más que directamente política.

Acabar en la medida de lo posible con una práctica tan inhumana como el aborto requiere algo más que una decisión política. Requiere un cambio de mentalidad que atañe a formas de pensar y de estar en la sociedad profundamente arraigadas, al menos por el momento. El cambio –necesario, a mi entender, como para todos los que apoyan la propuesta del Gobierno– requiere la elaboración de una nueva coalición social. Será largo y complicado, pero el trabajo en este terreno sería más fecundo y más sólido que el de la presión sobre los gobiernos. En cuanto al gobierno, está cuando menos en la obligación de acabar con la calificación del aborto como un derecho, ampliar la protección de las mujeres que se pueden ver obligadas a abortar por presión social, es decir ofrecer más garantías para la defensa de la vida del no nacido, la más frágil de las criaturas. Lo más sorprendente de todo lo que está ocurriendo en este asunto es que se haya llegado a pensar que resultaría más fácil y menos costoso promulgar una reforma como esta que intentar abrir el debate social correspondiente.