Anomalías laborales

Se cumple una semana desde que los sindicatos mayoritarios –CCOO y UGT– han vuelto a tomar la calle como lugar de expresión de sus reivindicaciones institucionales, centradas en la reversión de la reforma laboral que, con éxito notorio, promovió la ministra Fátima Báñez en la anterior legislatura. No crea el lector que, con sus acciones, esos sindicatos desean modernizar las relaciones de trabajo en España. Más bien lo que intentan es recuperar el poder que han perdido, los dineros que se les recortaron y también el privilegio de contar con un cuerpo de liberados –más allá de los tasados en la Ley– pagados por el Estado y las empresas. Eso es todo.

Si los sindicatos quisieran actualizar las obsoletas instituciones que modelan nuestro mercado de trabajo, empezarían reivindicando la disolución de los tribunales de lo social, herederos de la magistratura de trabajo que creó Franco en 1938, en la única y genuina ley de inspiración fascista de su larga trayectoria como gobernante: el Fuero del Trabajo. Por cierto que esta jurisdicción especial es una anomalía en el panorama laboral europeo que sólo subsiste, con similar origen, en Portugal y que hurta al juez natural el conocimiento de los conflictos entre trabajadores y empresarios. De la mencionada ley de la dictadura procede también la regulación de unas indemnizaciones elevadísimas para el despido –que actualmente duplican la media de la OCDE– bajo la idea de que así se protege mejor al trabajador. Una idea falsa porque a lo que conduce es a restringir la contratación. Otra institución franquista que habría que eliminar es la cláusula «erga omnes», introducida en la ley de convenios colectivos de 1958, según la cual un sindicato sin casi afiliados y una patronal que federa a muy pocas empresas pequeñas y medianas pueden negociar las condiciones de trabajo de todos los asalariados de su respectivo ámbito sectorial y territorial. No es como en la mayoría de los países donde sindicatos y patronales sólo acuerdan para sus asociados. Y, ya puestos, reclamarían asimismo la supresión de una dualidad contractual –esta vez creación del Gobierno de Felipe González– que divide a los trabajadores en dos segmentos, uno –el de los fijos– hiperprotegido –y más sindicado, por cierto–, y otro –el de los temporales– que carece de las agarraderas del anterior y soporta mayoritariamente la precariedad, la rotación entre el empleo y el desempleo, los salarios bajos y la descualificación.

Pero no, los sindicatos mayoritarios no quieren la supresión de las anomalías laborales que tanto daño hacen a nuestro mercado de trabajo y que conducen a un alto nivel de desempleo. Ellos prefieren las instituciones franquistas que, sin mácula alguna, se trasladaron en 1980 al Estatuto de los Trabajadores. Eso sí, extrañamente defienden la memoria histórica, pero sin aplicarla a lo suyo. Y han encontrado, incluso, un remedo de la afiliación obligatoria de la vieja Organización Sindical Española que formaba parte del Movimiento, pues hacen que todos los españoles paguemos, en forma de subvenciones, su tinglado. ¡Vivir para ver!