¿Beneficiar a los presos de ETA?

Los tres centenares y medio de presos de ETA se plantean ahora, de manera colectiva, aceptar las instituciones penales que les puedan hacer progresar de grado hasta llegar, en su caso, a la libertad condicional o les permitan gozar de permisos penitenciarios, presentando para ello solicitudes individuales siempre con la restricción de no mostrar arrepentimiento alguno y, menos aún, actuar como delatores. De esta manera, la izquierda abertzale, en especial Sortu, el partido de ETA, cree que puede encontrar una vía razonable para solucionar el problema de los presos –que es, en realidad, el único asunto que le queda por resolver a la organización terrorista después de haber suspendido su actividad armada–. Conviene tener presente a este respecto que, desde el punto de vista político, lo que está en juego es la legitimación final de la historia de ETA y del movimiento liderado por ella, a pesar de haber sido derrotada en la guerra que hace medio siglo emprendió contra el Estado. Tal legitimación es esencial para que no pueda cuestionarse de ninguna manera la presencia institucional de sus epígonos una vez que el Tribunal Constitucional, en una resolución política revestida de falsa juricidad, aceptó su participación electoral siguiendo el mandamiento que emanaba de La Moncloa, en aquel momento ocupada por el presidente Zapatero.

El Gobierno debe tener claro que si legitima a ETA habrá redondeado la obra de Zapatero, dejando sin amparo a las miles de víctimas que ocasionó la banda armada y, peor aún, haciendo que el final del terrorismo en el País Vasco escriba un nuevo capítulo de la historia general de la infamia. Las víctimas, como escribió Albert Camus, «se fastidiarán» y la sociedad cargará con el baldón de una imposible reconciliación –pues ésta sólo puede ser hija de la verdad–.

Sin embargo, la cuestión de los presos de ETA puede abordarse políticamente sin necesidad de exigir ese arrepentimiento penal, que no es otra cosa que delación, acudiendo a la exitosa experiencia que, con respecto a las Brigadas Rojas, tuvo lugar en Italia por medio de la «disociación». Una ley que, con plazo fijo y perentorio, regule la posibilidad de que los reclusos se desvinculen para siempre de ETA –con todas las cautelas que el caso requiere y con la expresa prohibición de formar parte de ninguna asociación o entidad informal inserta en el MLNV– a cambio de beneficios penitenciarios bien tasados –que, en ningún caso, podrían suponer una mejora de las condiciones que actualmente se exigen a los responsables de delitos de sangre–, podría constituir una salida a este asunto. Este quid pro quo tendría que ser reversible, como lo fue en Italia, para evitar cualquier engaño. Y tendría la ventaja de deslegitimar a la banda terrorista, que ya no sería una triunfadora moral, sino una organización abandonada por los suyos. Habría así un «relato de vencedores y vencidos» en contra de lo que, según su portavoz, desea Sortu; y se ultimaría definitivamente la derrota de ETA.