Constitución, banca y techo

A poco que se reflexione, incluso los más radicales comprenden que, en el fondo, la Plataforma Antidesahucios es demagogia, porque presenta el desahucio como si fuera un mal perfecto. Y no es así. El desahucio no es una violación, que sí es un mal por donde quiera que la miremos. En cambio, el desahucio es esa antigua institución legal pensada para proteger al acreedor o propietario. El año pasado lo descubrió hasta el alcalde de Cádiz: le avisaron de la inminencia de un desahucio, y el luchador «Kichi» acudió presto para impedirlo. Le explicaron entonces que la propietaria del piso cuyos inquilinos no pagadores iban a ser desahuciados era una viuda octogenaria que cobraba una pensión de miseria, y que necesitaba ese alquiler porque era su otro único ingreso. El alcalde populista regresó a su despacho, acaso a pensar.

Una vez que reconocen que el desahucio no es un mal de por sí, los progresistas reformulan el argumento: no hay que prohibir los desahucios, dicen, salvo que el propietario sea un banco. En ese caso es legítimo que los inquilinos o deudores no paguen ni alquiler ni hipoteca, porque tienen derecho a la vivienda, ¿no?

Pues no, porque el banco es una persona jurídica, que también tiene derechos. Además, si los populistas establecen la prohibición de los desahucios en el caso de la banca, el resultado será que las hipotecas se encarecerán y su concesión se dificultará, con lo cual millones de ciudadanos que pagan las deudas y respetan los contratos que han firmado se verán perjudicados en beneficio de otros que no pagan ni cumplen con su palabra. Que esto sea algo justo no parece evidente.

Último intento: seguramente debe estar bien forzar a los bancos a que vendan las viviendas que tienen y no están ocupadas. Como me preguntó dramáticamente un seguidor en Twitter: «¿El derecho de un banco a acumular viviendas vacías debe prevalecer sobre el derecho de los ciudadanos a dormir bajo techo?».

La retórica demagógica es, sin duda, poderosa y atractiva. Uno podría insistir en el argumento teleológico: si el Estado persigue a los bancos y recorta sus beneficios, por ejemplo, forzándolos a vender sus viviendas cuando creen que el precio no les conviene, o cobrándoles más impuestos, eso tiene consecuencias negativas para los trabajadores, los ahorristas, los partícipes en fondos de pensiones, etc., que son perfectamente inocentes. Pero el punto al que se aferran los antiliberales es el jurídico: hay derecho a la vivienda ¿no? Pues a partir de ahí... En realidad, a partir de ahí reina la confusión, porque se trata de un derecho que reclama la violación de otros derechos, constitucionalmente también protegidos, como el derecho de propiedad. Ante ese dilema, las constituciones no sirven, y el desenlace siempre es que se respetarán o quebrantarán los derechos conforme a la conveniencia del poder político de turno.