De nuevo Cataluña

El desafío soberanista de Cataluña, apoyado por los partidos nacionalistas, la izquierda radical y la tibieza del PSC, vuelve con toda su virulencia tras formarse Gobierno y comenzado una legislatura en la que el PP carece de mayoría parlamentaria suficiente. De nuevo el órdago del referéndum de independencia; los insultos al Rey, a España y a las instituciones nacionales; el desacato público de las resoluciones judiciales y del TC, y el falso agravio económico.

Junto a la repetición de la jugada, hay aspectos nuevos que aumentan la preocupación sobre el tratamiento que se le va a dar en esta andadura, las soluciones que puedan aplicarse para reconducir el conflicto, y las medidas que se esté dispuesto a aplicar.

Atribuirle el Ministerio de Administraciones Públicas y encargarle el asunto a la vicepresidenta es señal de la importancia que se da al mismo. Pero la pérdida de la mayoría absoluta complica la adopción de dichas medidas, no porque se requiera una decisión parlamentaria para llevarlas a cabo (el artículo 155.2 CE que prevé la intervención de una CC AA, lo aplica el Senado, donde sí la conserva), sino por la debilidad para adoptar otras que sí lo necesiten, como la aprobación de Presupuestos o leyes.

El cambio de posición de C’s en Cataluña dando por buena la celebración de un referéndum de independencia «si es legal y con validez», es un aliento para las posiciones nacionalistas, que han enmascarado tras este falaz argumento sus pretensiones de separarse de España y tratar con ella de igual a igual. Las tímidas reprobaciones de su partido y de su líder dicen mucho de la fiabilidad de ambos, de su proyecto, y del papel desdibujado que desempeñan cada día más.

Preocupan también los pasos iniciales del Gobierno. Ante la inclusión de nuevo en los presupuestos de la Generalitat de partidas para financiar el referéndum, la respuesta ha sido que este tema no puede formar parte de la lista de asuntos sobre los que el Gobierno catalán pretenda dialogar. Y ante la insistencia de la prensa ha añadido que el Ejecutivo tiene instrumentos suficientes para impedir que se celebre. Exactamente lo mismo que dijo ante el desafío anterior, que terminó con las urnas en los colegios y la participación del Gobierno catalán, sin que el procesamiento de los que participaron entonces haya impedido que otros vuelvan a la carga con más brío.

El ofrecimiento de «reducir la litigiosidad» es escalofriante. O se recurría para provocar el conflicto y no en defensa del interés general –en cuyo caso se comprende la queja de los nacionalistas–, o se está renunciando a aquél, lo que es algo más que grave. Pero más lo es aún si, como vemos cada día, los independentistas se niegan a acatar y cumplir las sentencias de los tribunales y del TC, alardeando de ello «por no aceptar la legalidad española», siendo éste el único instrumento al que el Gobierno ha hecho mención reiteradamente como suficiente para impedir que lleven adelante sus propósitos.

La apertura pública de despacho por la vicepresidenta en la Delegación del Gobierno como gesto de compromiso con Cataluña, de intensificación del diálogo, de cercanía, supone un grave error institucional respecto del papel que cada uno ocupa y de lo que deben ser las relaciones entre el Gobierno y las CC AA, sienta un mal precedente, y enseña un camino peligroso a otros aventureros que quieran desafiar al Gobierno con asuntos parecidos o de otra naturaleza igualmente grave.

Esperemos que todo sea fruto de los tanteos iniciales y no se reproduzcan, agravadas, las actitudes y soluciones ya conocidas y sus resultados.