Dispersión de terroristas

De nuevo estamos dándole vueltas a eso de ETA. Es lo que tiene haber vencido sin haber ganado del todo. ETA es una organización agónica cuyos miembros están casi todos encarcelados o expatriados, que busca una salida para justificarse a sí misma y, de paso, dar legitimidad al partido que alumbró para perpetuarse en las instituciones. Y, como no podía ser menos, otra vez estamos mareando la perdiz con el asunto de los presos –que no es otro que el de su acercamiento al País Vasco, como quiere el PNV, o el de su excarcelación, como quieren ellos–. El caso es que ese asunto va adquiriendo un tono menor a medida que pasa el tiempo porque son más los reclusos que salen de la cárcel por haber cumplido su condena que los que entran tras haber sido detenidos y juzgados. Ahora hay, en España, 261 y no pasarán más de dos años para que se vean reducidos a la mitad. Los que queden entonces, los asesinos de la última hornada, permanecerán allí hasta dentro de quince o veinte años.

Lo bueno que tiene vivir en un país que ha organizado la lucha contra el terrorismo mediante la legislación ordinaria es que no tiene que recurrir a procedimientos de excepción, como en Francia o en Bélgica. En España toda la población reclusa, sea o no terrorista, está sujeta a la misma ley penitenciaria. Es esa norma la que concede a la administración del ramo la facultad de determinar el destino de los presos, teniendo en cuenta sus circunstancias personales, incluida su peligrosidad. Y para los terroristas, hace ya muchos años, cuando gobernaba el Partido Socialista con Felipe González, se adoptó la decisión de repartirlos por una buena parte de las cárceles con la finalidad de dificultar su organización dentro de ellas. Es cierto que, en el caso de ETA, esto sólo se logró a medias, aunque también hay que decir que la disciplina impuesta por la dirección de la banda dejó bastante que desear, menudeando las disidencias. Pero lo relevante es que la misma política se ha venido aplicando a los reclusos de otras organizaciones terroristas, como son actualmente Resistencia Gallega, los grupos anarquistas y, sobre todo, las de carácter yihadista. Si nos atenemos a estas últimas, no cabe duda de que la dispersión está facilitando la prevención del reclutamiento y radicalización de individuos de religión islámica.

La dispersión de los terroristas no es una opción de castigo. Forma parte de la compleja red de acciones que un Estado eficaz ha de desarrollar para luchar contra el terrorismo. De ahí los cambios de ubicación que la administración penitenciaria resuelve para determinados individuos, incluyendo, entre los etarras, los que acerca al País Vasco bien porque se han separado de su organización, bien porque se encuentran enfermos y su tratamiento aconseja la cercanía familiar. De todo hay en este asunto y, por ello, la simplificación es una mala consejera. Si se quiere llegar al desistimiento final de ETA, más vale mantenerla.