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Edelmira, así no

Durante el año pasado se habló mucho sobre el fenómeno de la despoblación que afecta a una gran parte de la España interior. Como dicen los expertos en comunicación, el problema se ha situado ya «dentro de la agenda», lo que equivale a decir que existe, paso imprescindible para afrontarlo. De hecho, el propio Gobierno central decidió crear un puesto denominado Comisionado para el Reto Demográfico y situó al frente del mismo, con categoría de subsecretaria, a Edelmira Barreira. Eran pasos prometedores y todo hacía pensar que se iba a pasar ya de las palabras a las actuaciones. Sin embargo, el año terminó mal porque el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley por el que se actualizan los coeficientes de los valores catastrales para 2018 en el caso de 1.830 municipios. El término «actualizar» debe traducirse en la mayor parte de los casos por subidas de «la contribución». Un elevado porcentaje de esos municipios son pequeños y de marcado carácter rural, en los que predominan las casas de los agricultores y ganaderos, y las instalaciones dedicadas a la actividad agraria, en muchos casos sin uso. En resumen, los habitantes de esos pueblos tendrán que hacer frente a subidas de impuestos.

¿Es lógico subir las contribuciones en los pueblos en riesgo de abandono o de despoblación, cuando, en teoría, lo que se pretende es que sigan vivos? Evidentemente, no parece que sea la mejor medida. Evidentemente también, Edelmira Barreira no es la responsable directa de esa decisión. Porque no puede imponer nada al Ministerio de Hacienda, ni al de Agricultura ni a los demás departamentos. Ni tampoco a ayuntamientos, diputaciones y autonomías. Ahora bien, la lucha contra la despoblación y el reto demográfico necesita de una visión de conjunto y de medidas de carácter horizontal de todas las administraciones. Las de carácter fiscal figuran entre ellas y el mejor camino no es desde luego subir las contribuciones. Desde Hacienda se argumenta que la primera decisión es suya, pero que la definitiva es de los ayuntamientos. ¿Deben afectar esas subidas a casas o instalaciones que amenazan ruina aunque no tengan utilidad en estos momentos? Al paso que vamos los ayuntamientos se van a encontrar con la cesión de muchos de esos edificios y deberán mantenerlos. ¿Serán capaces de hacer frente a este reto?