El escenario económico se despeja

En España se han producido cambios muy relevantes en el escenario económico. La elevada incertidumbre derivada de la crisis del sistema financiero comienza a despejarse tras el importante avance que se ha producido desde el final del verano en cuanto a la concreción de la situación real de cada entidad y en cuanto al diseño del proceso de saneamiento y restructuración del sector. Asimismo, hay que destacar el fuerte ritmo exportador de nuestras empresas, que ha permitido equilibrar el saldo de la balanza por cuenta corriente. A esto hay que añadir que la reforma laboral, aunque no es completamente satisfactoria, comienza ya a ofrecer sus frutos, así como el cambio de percepción de los mercados con respecto al riesgo de invertir en España. Este cambio de percepción tuvo como principal detonante el anuncio realizado por el Banco Central Europeo (BCE) en septiembre, que se reflejó en el tímido retorno de los capitales foráneos a la economía española, y se consolidó tras el acuerdo para entregar a Grecia otro tramo de su rescate, como ya se ha señalado. Se trata de una recuperación muy frágil, por lo que no se puede relajar el ritmo de los ajustes y las reformas, según el Informen semestral de Coyuntura Económica del IEE, titulado «Es necesario persistir en los ajustes y en las reformas».

A pesar de que existe suficiente consenso sobre la necesidad de restablecer el equilibrio de las finanzas públicas, la orientación de la estrategia por la que se ha optado para llevarlo a cabo, la reducción del gasto público, tanto corriente como productivo, y el aumento de la presión fiscal, está siendo objeto de un profundo debate. Por un lado, el agotamiento de la capacidad de ahorro a través del recorte del gasto público partida a partida –en lugar de haber optado por una clara redefinición de las competencias y de las prioridades de gasto para evitar duplicidades y excesos de capacidad– obligará a rebajar la inversión pública por debajo del nivel de reposición del capital productivo depreciado lo que, inevitablemente, condiciona la capacidad de crecimiento económico. Por su parte, el aumento de la presión fiscal, especialmente en lo que a tributación directa se refiere, introduce importantes distorsiones en las decisiones de los agentes, en mayor medida, cuando la estructura del sistema fiscal descansa, ante todo, en la tributación del capital y de la inversión, que son variables determinantes para el potencial de crecimiento económico a largo plazo.

En relación a los recursos propios del sector público, la vigencia de las medidas que refrendan el aumento de determinadas figuras tributarias debería ser de carácter estrictamente temporal en aras de favorecer la dinamización de la economía a través de la liberalización de recursos de los hogares y las empresas. Es más, una vez restablecido el equilibrio de las finanzas públicas, sería conveniente implementar –ya que no se hizo durante la etapa alcista del ciclo– una reforma fiscal del Impuesto sobre Sociedades que incluyese una reducción del tipo de gravamen –todavía por encima de la media europea– y una estructura del impuesto menos distorsionante para las decisiones empresariales. La estructura tributaria debería, por un lado, ser más coherente con las necesidades económicas actuales y establecer, por otro lado, los incentivos que favorezcan el crecimiento a largo plazo, lo que obligaría a reducir el exceso de gravamen que introduce el aumento de la tributación. El aumento de la imposición indirecta se convertiría en una herramienta de intervención menos distorsionadora ante la necesidad de cumplir con los objetivos de déficit. En este sentido, la subida de los tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberían compensarse con una reducción de los impuestos estrechamente vinculados a la competitividad, como son el Impuesto sobre Sociedades o las cotizaciones sociales, medida esta última que habiendo sido anunciada no ha sido en la actualidad introducida.

Para que el proceso de consolidación fiscal termine de desplegar toda su efectividad se hace imprescindible complementarlo con medidas que pongan solución a los problemas estructurales de la economía. No se puede obviar que el Gobierno de España ha iniciado reformas en esta dirección, englobadas dentro del Pacto por el Euro Plus, aunque éstas son aún insuficientes. En el caso de la mejora de la competitividad y la productividad, nuestro país parte, en general, de una posición de desventaja, porque durante la pasada década apenas se tomaron medidas que incidieran en el desarrollo de estas variables. Durante la etapa alcista del ciclo, como consecuencia del aumento de la financiación exterior y de la demanda interna, se dejó de lado el objetivo de mejorar el entorno en el que operaban las empresas. Esta situación nos ha llevado a un escenario donde el exceso de regulación, las trabas administrativas a la actividad emprendedora, la pérdida de productividad y la escasa competitividad de la economía española han supuesto un freno importante al crecimiento durante estos años de recesión.