El fin de la balanza

Hay profesiones que destinan a los que las ejercen a acometer elevadas metas y si alguna destaca, es la de juez. Quien accede a esta importante función debería ser consciente que no sólo ha alcanzado un digno modo de ganarse la vida, sino que ha asumido un compromiso con la sociedad. Esto impone una serie de obligaciones, más allá de un estatuto profesional. Vaya por delante mi respeto al derecho a disentir y a criticar las decisiones de carácter político. Yo lo he hecho en infinidad de ocasiones, pero no comparto que desde la judicatura se acuda a la adopción de medidas de presión para expresar o canalizar un descontento, real o artificial, con ciertas reformas legales. Ver a jueces cortando una calle y manifestándose frente a la sede del Ministerio de Justicia no es gratificante. En cada una de estas acciones nos dejamos jirones de piel de nuestra imagen ante la sociedad. Cuando un colectivo se manifiesta públicamente en contra de determinas iniciativas, lo hace fundamentalmente para que la opinión pública comparta sus inquietudes y para ello hay que intentar explicar los motivos de la protesta y someterse al escrutinio público de la misma. Los jueces en España seguimos contando con una alta valoración pública. La sociedad tiene una visión negativa de la administración de la Justicia, pero no de sus jueces, a los que valora y estima. Con actuaciones como las del viernes pasado, se compromete seriamente esta imagen y esto, a la larga, se acaba pagando. A mí no me corresponde ni explicar ni justificar una forma concreta de hacer política en Justicia, pero, echando la vista atrás, he vivido serios intentos legislativos de cercenar un concreto modo de entender el poder judicial y sobre todo de comprometer seriamente una judicatura profesional e independiente, las cuales no han merecido semejante reproche. Hay colectivos profesionales que legalmente tienen restringidos sus derechos de reivindicación, en concreto las Fuerzas Armadas, y no por su concreto estatuto profesional, sino por la importancia de su función. Los jueces tenemos como cometido fundamental administrar el derecho de obtener tutela judicial efectiva. En definitiva, resolver conflictos. La importancia de esta función atribuye a quien la ejerce una obligación no sólo profesional, sino institucional, en tanto en cuanto administra y representa a un poder del Estado. Esto permite que como colectivo nos comprometamos con la defensa del ejercicio del poder judicial y no impide que, ante cualquier actuación legislativa, se pueda ejercer el derecho a la libertad de expresión. Pero concitar este derecho con actos de presión pública puede comprometer, y compromete de forma muy seria, la imagen corporativa ante la opinión pública. El asociacionismo judicial constituye la única concreta modalidad asociativa (exceptuando las asociaciones empresariales) que ha merecido una consagración constitucional, y en estas asociaciones convergen los instrumentos adecuados en defensa de los intereses profesionales de sus miembros, entre los que están la tutela de intereses económicos, la mejora de las condiciones de trabajo o la salvaguarda del prestigio profesional, amén de las acciones en defensa de la independencia judicial. En está encrucijada de intereses, a la hora de ejercer reivindicaciones profesionales, se debe tener en cuenta y mucho, el prestigio profesional y, en mi modesta opinión, acciones públicas como la manifestación y la concentración comprometen y mucho el prestigio profesional. Por eso, se debe ser especialmente responsable en su ejercicio. Respeto enormemente este último, pero no puedo compartirlo. Al final, la percepción pública se quedó en que los jueces se manifestaban junto con otros colectivos contra las tasas judiciales, obviando otro tipo de reivindicaciones, y ello, porque al lado del ejercicio de este derecho de reivindicación ejercido por algunos jueces, se posicionan otros personajes, dentro y fuera de la carrera judicial, que lo utilizaron para otros intereses políticos y personales. Las tasas se pueden compartir o no. Lo cierto es que están impuestas en una gran cantidad de países para evitar el abuso del ejercicio de la jurisdicción y, sobre todo, para evitar que los ciudadanos paguemos con nuestros impuestos los caprichos de algunos que tienen como deporte, por ejemplo, recurrir multas de tráfico. No tiene sentido que en España existan empresas cuya única actividad radique en recurrir multas de tráfico, generando artificiosos procedimientos que pagamos todos. Pero, al margen del debate sobre su cuantía, la cuestión radica en detectar en qué afecta al estatuto judicial o a los intereses de los jueces su existencia. No logro percibir cómo un instrumento generalizado en multitud de países puede afectar al ejercicio de la función jurisdiccional. Es un debate reservado al poder legislativo, y como tal, su lugar natural se encuentra en el Parlamento. En España se litiga en exceso, y eso lo sabemos muy bien los jueces, el ejercicio de la Justicia es un fin en sí mismo, y no sólo un medio de vida.