Alfonso Merlos

El grano y la paja

No. No todo el monte es orégano. No todo vale contra los políticos aunque su ataque y apedreamiento en la plaza pública se haya convertido en un deporte nacional, de discutible salud y consecuencias, de un tiempo a esta parte. Desgraciadamente.

Por eso no conviene mezclar operaciones contra presuntos chorizos. No sólo eso. No procede meter en el mismo saco a personas distintas y aun opuestas en su trayectoria; por si algunas tienen imagen, fama y reputación que defender, que es el caso.

El «caso Pretoria» es una cosa y la «operación Púnica» otra. No en pocas ocasiones conviene subrayar las obviedades. Pero es que lo que esencialmente vale la pena es ponderar positivamente la toma en consideración del Constitucional sobre la vulneración de derechos fundamentales de inocentes. Por si ha ocurrido. Por si debe ser corregida. Porque en el momento en que se desató esta ofensiva contra políticos que habrían perpetrado graves irregularidades o delitos en su gestión pública todos recibieron –en horas 24– la pena de telediario o de imprenta.

Aún más. A unos cuantos se les llevó al calabozo con el único argumento de que podían trabajar durante momentos decisivos en la destrucción de pruebas. Claro, a unos cuantos sin siquiera preguntarles en qué podían ayudar (la localización de documentos, su puesta a disposición de las fuerzas de seguridad de forma inmediata, etc.).

Va de suyo que los poderes –el judicial y el policial– no le pueden disparar a todo lo que se mueve. Y menos cuando lo hacen impelidos por el instinto asesino de la opinión pública, de la marabunta, de quienes claman justicia o escarmiento. ¡De ninguna manera!

Seamos serios, rigurosos. Tengamos sangre fría. Apliquemos la ley. Es la esencia de la democracia. Lo demás, sobra.