Erosión de las instituciones

El verdadero problema no son los políticos, la mayoría de los cuales cumple adecuadamente su función y observa honradamente las normas. Siempre habrá garbanzos negros, que hierven en la olla podrida donde política y negocios cuecen sus intereses; serán causa de escándalo y sublevarán con sus trinques el ánimo de unos ciudadanos agobiados, pero no hay extravío que no pueda resolver una buena sentencia judicial. De especímenes como Bárcenas, Amy Martin o Díaz Ferrán la sociedad siempre se recupera, por muy pesada que sea la digestión. No así del desprestigio de las instituciones que deben garantizar el buen funcionamiento del engranaje democrático. Los políticos corruptos dañan la convivencia, pero su metástasis a las instituciones conduce a la catástrofe. Este es el problema político más grave al que se enfrenta España.

Del vendaval de descontento que arrasa reputaciones y calcina dignidades nadie está a cubierto, tampoco sus organismos vitales, aun los de musculatura más potente. Salvo el Ejército, que mantiene el tipo de manera impecable y discreta, apenas si queda en pie una institución indemne o a resguardo de la crítica ácida y sulfurosa. Ni siquiera la Real Academia Española, casino de inmortales, se libra de la corrosión, que en sólo unos meses le ha disuelto su última reforma ortográfica; tan sola se quedó con sus acentos. Quisieron los académicos pasar de la bañera al spa, de las bruñidas tildes al relajo de las normas, y el ensayo se les fue por el desagüe. De un país que desacata hasta las reglas de puntuación gramatical cabe esperar aventuras mayores y menos inocuas, como ciscarse en la Constitución al modo de Artur Mas y Oriol Junqueras, chantajear a la Corona con métodos que avergonzarían a Vito Corleone o pedir cárcel para la cúpula del Banco de España como si fuera una covachuela de beneficiados. Y qué decir del descrédido que desde hace tiempo mina la credibilidad del Tribunal Constitucional o de las sospechas que ensombrecen la reputación de la CNMV, del Tribunal de Cuentas y del Poder Judicial... Sobre todos ellos cae una intensa lluvia ácida que contamina su fiabilidad como órganos de vigilancia y de control. Hace bien el Gobierno en encargar un plan para frenar la desafección hacia los políticos, pero es más urgente reforzar las instituciones sin las cuales no hay democracia posible y protegerlas de los torpedos que van dirigidos contra la línea de flotación del Estado de Derecho. Una sociedad divorciada de sus instituciones es la presa más fácil y apetecible de los radicalismos populistas y de falsos los profetas.