Es preciso no engañar más

Resulta difícil entender por qué España es un país en el que cada vez que aparece un presunto caso de corrupción o cualquier otra irregularidad se enmaraña todo y se esparce tinta para que parezca imposible saber si un juez investiga determinada actuación, o si la Policía ha realizado o no un informe sobre determinado asunto, o si en el cajón de un juez lleva años atascado un sumario que no quiere o no puede tramitar. Por eso, en todo el «caso Palau» y derivados no debería resultar muy complicado que la Agencia Tributaria informe si hay cuentas irregulares en paraísos fiscales, que la Policía diga de dónde procede la filtración del informe de la UDEF y que el juez investigase si existen responsabilidades de alguna persona. Y en estas informaciones y contrainformaciones que vemos a diario desde que se destapó el asunto. Ayer, el SUP acusó de algo muy grave al juez del caso, Josep María Pijuan, y a la Fiscalía. En su valoración, cree que boicotearon la investigación de la financiación ilegal del partido de Mas. Casualmente, esta Fiscalía anunció públicamente acciones contra el periódico que ha denuciado la presunta corrupción de Mas y Pujol por un presunto delito de calumnias, aunque más tarde, su jefe, el Fiscal General del Estado, le desautorizó. Hace unos días Montoro, y ayer, Soraya Sáenz de Santamaria apelaron a las generales de la Ley al decir que el capital evadido hay que regularizarlo y que el plazo dado por Hacienda acaba la semana próxima. Lo que significa que a partir de entonces, las cuentas no declaradas serán investigadas. Pues bien, Artur Mas interpreta estas palabras como que el presidente Rajoy está moviendo los hilos para alterar el resultado electoral. Esta aseveración, además de incierta porque, en todo caso, pretendería influir en la intención de voto, es una acusación intolerable, pues hace un juicio de intenciones en el que adjudica falsamente al presidente del Gobierno una actitud antidemocrática.