Excarcelaciones

La Audiencia Nacional ha decretado la salida de la cárcel del etarra «Santi Potros», responsable de la matanza de Hipercor. Se sumará así a la lista de asesinos profesionales, detallada ayer en las páginas de LA RAZÓN, que han sido puestos en libertad antes del fin de las condenas que pesaban sobre ellos. Los unos lo fueron tras una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Otros, como «Santi Potros», lo habrán sido por tribunales españoles. En los dos casos, una parte importante de la opinión pública tiene la sensación de que se está conculcando la Justicia para que la ley favorezca al precio que sea la puesta en libertad de los etarras. La opinión pública tiene descontado desde hace mucho tiempo el sesgo político de algunas decisiones judiciales. Le resulta incomprensible, e injustificable, pero ya lo sabe. También sabe que hay mucha gente en España, particularmente entre las élites, que sigue atascada en los años ochenta, cuando las verdaderas víctimas del terrorismo eran los propios terroristas y las víctimas de verdad –los muertos, los mutilados, los heridos, así como sus familiares y sus amigos– eran el principal obstáculo en el camino de la «paz». La paz...

Sin embargo, la injusticia de casos como este es tan patente, tan dolorosa, que esa misma opinión pública exige una actitud clara por parte de quien tiene entre sus manos el liderazgo político de su país. No se trata de esperar gestos que harían buena la muerte de Montesquieu, decretada en su día por quienes presumían de legitimidad democrática mientras organizaban los GAL. Se trata, en cambio, de respuestas firmes y rápidas, articuladas de forma inteligible, por parte de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia. Y se trata también de elaborar una respuesta de orden nacional a quienes han asesinado a centenares de personas para destruir la nación española. El final del terrorismo no puede dejar sin argumentos a quienes tienen el deber y la responsabilidad de defender la nación. Esa responsabilidad no se agota con el final del terrorismo. Es permanente y requiere una forma de movilización constante en la que la apelación y el diálogo con la opinión pública juegan un papel esencial. El Gobierno no puede ignorar que las excarcelaciones de los etarras, vividas como algo radicalmente arbitrario por una parte de la opinión pública, le pueden costar al Partido Popular más votos que cualquier otra de las medidas que ha tomado, o dejado de tomar, en estos tres años.